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El argumento para volver a postergar el proceso denominado “cese de hecho punible”, que en la práctica es un operativo de desalojo, es que el fiscal Rodríguez solicitó 600 policías, lo que será difícil de cumplir porque la Policía Nacional prevé realizar un gran despliegue en el marco de la marcha campesina anual, prevista para hoy y mañana en la capital. Sin embargo, datos no oficiales indican que el problema real es que el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, por presiones políticas, no está dando “luz verde” para la intervención.
Posible estallido social
Ante la nueva postergación del desalojo, Emiliano Mbejyvagi, líder aché, dijo a nuestro diario que la comunidad se siente decepcionada por la falta de interés del Estado de hacer respetar la propiedad privada.
Advirtió que hay un ambiente tenso en el lugar y los indígenas ya están nerviosos, por lo que teme que ocurra algún tipo de enfrentamiento con los invasores y que eso derive en un estallido social. “Parece que se están burlando de nosotros”, resaltó.
Finca 470 de los aché
Según datos del expediente, la comunidad indígenas Aché Kuetuvy tiene título definitivo sobre la propiedad en cuestión, unas 4.768 hectáreas de la colonia que lleva su mismo nombre, ubicada en el distrito Yvy Pytã, identificada como finca 470. Aún así, un grupo de compatriotas se instaló en el sitio alegando que son “tierras fiscales”.
La directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, Dora Penayo, había explicado que “los campesinos que invaden la propiedad de los indígenas son lugareños y, normalmente, cuando se produce una intervención, abandonan el lugar para luego volver a ingresar. Por dicho motivo nunca son encontrados en el inmueble”.
La comunidad vive en zozobra por el acecho constante de autodenominados sintierras, que además de invadir una propiedad privada talaron ilegalmente unas 500 ha. Además, se encontraron plantaciones de marihuana en parte de esa superficie. Todos estos hechos fueron corroborados por la Fiscalía, que aún así sigue sin accionar.