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La petrolera del Estado Petróleos Paraguayos (Petropar) entregaba bienes, sin garantías, a través de contratos de comodato a varias operadoras que ahora no reconocen la validez de esos documentos.
Esta es una de las irregularidades detectadas en Petropar por el equipo auditor encabezado por el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia, Carlos Arregui, quien informó ayer en Palacio de López que las conclusiones muestran un “perjuicio patrimonial estimado en más de G. 30.000 millones, específicamente en la concesión de las estaciones de servicio con emblema de Petropar”.
El asesor anticorrupción del Gobierno destacó que el presidente Mario Abdo Benítez, luego de recibir el informe, ordenó su remisión inmediata a la Secretaría Nacional Anticorrupción, que se encargará de hacer la denuncia penal ante la Fiscalía.
La auditoría detectó diferentes modalidades en la comisión de irregularidades. Una de ellas consistió en que la administración cartista seguía entregando combustibles a una firma que estaba en convocatoria de acreedores.
“Sin ningún tipo de garantías se le siguió otorgando a crédito combustible contra la presentación de cheques diferidos”, señaló. El periodo auditado de la gestión de Petropar es del 2016 al 2018, abarcando dos meses la actual administración de Patricia Samudio. La gerencia general ocupó William Wilka y la dirección financiera Luis Gómez Francia y Fermín Gil, sucesivamente. El presidente de la empresa en el Gobierno anterior era Eddie Jara.
Arregui aclaró que por la metodología de muestreo aplicada en la auditoría revisaron antecedentes de 32 operadores de las más de 150 que trabajan con la estatal. Varias de las que aparecen en el informe con abultadas deudas fueron publicadas por nuestro diario en octubre último. En aquella oportunidad aseguraron que “se habían puesto al día con los pagos”.
En cuanto a manejo de cajas en bancos privados y no solo el Banco Nacional de Fomento (BNF), sobre lo que el cartismo había denunciado presuntas anomalías en la gestión de Samudio, Arregui aseguró que durante la administración anterior ya se tenían 14 cuentas bancarias y que se hacían transferencias interbancarias. No encontraron documentos que indiquen que Samudio transfirió recursos de Petropar del Banco Nacional de Fomento (BNF) a la banca privada.
La auditoría no detectó “hechos penalmente relevantes” en la gestión de la actual presidenta de Petropar, pero sí realizó varias recomendaciones, entre ellas, “el mejoramiento del control de la propia auditoría interna”.
Arreguí no descartó que aumente el monto del daño al profundizar la auditoría.