Cargando...
La Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia en marzo de este año al declarar nula una demanda promovida por Sausalito SA, de Rodrigo Campos Cervera contra Conatel, para seguir prestando el servicio de llamadas internacionales entrantes y salientes, de competencia exclusiva de Copaco, según la ley.
La resolución de la máxima instancia judicial (N° 92) le da amplias posibilidades a la compañía a exigir resarcimiento económico a Sausalito y a las demás empresas que estaban (y siguen) en el negocio, según fuentes judiciales.
Documentos periciales que obran en la carpeta revelan que entre 2000 y 2009, Copaco perdió unos US$ 2.000 millones.
Aun teniendo un plantel de más de 40 abogados, la compañía telefónica del estado hasta ahora no atinó a presentar ni una demanda en contra de las empresas que contrabandeaban las llamadas internacionales.
Las involucradas en el negocio son varias, según Copaco. Resaltan, por ejemplo, WTelecom (hoy día GAV Comunications) vinculada a la exmodelo Zuni Castiñeira; Sausalito, de Rodrigo Campos Cervera; Conexion SS World Line SA, Paraguay Online y Víctor Chamorro. Varias de estas empresas fueron allanadas en el 2007 por la fiscalía, pero nunca prosperaron las investigaciones.
Las citadas empresas paraguayas de dudoso origen y en connivencia con firmas extranjeras, empezaron a encaminar las comunicaciones telefónicas hacia y desde el extranjero, a través de internet, mediante el sistema conocido como Voz sobre IP (Internet Protocol o VoIP).
Evaden impuestos
No solo a Copaco le afecta este negocio al margen de la ley, sino también al fisco, porque las empresas evaden impuestos. La telefónica del Estado al otorgarles el servicio troncal de acceso digital les permitía la utilización de su central nacional de llamadas para desviar las comunicaciones internacionales que entraban y salían.
El negocio de las llamadas a través de internet (Voz sobre IP o VoIP) comenzó en los años 90, con el auge del uso de la red de redes.
Fiscales no investigaron
En 2007, cuando Ramón Ibarra del Prado presidía Copaco, consiguió que el Ministerio Público allanara los locales de Wtelecom, Sausalito, Indigo, entre otros.
Los técnicos demostraron cómo entraban y salían las llamadas internacionales, por cuyos servicios solo cobraron las empresas contrabandistas locales y las extranjeras. El caso quedó “cajoneado”.