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La telefónica del Estado violó la Ley 2051 de Contrataciones Públicas al adquirir la totalidad de las acciones de Hola Paraguay (Vox); si compra las acciones de CVC, del grupo Clarín, incurrirá en la misma irregularidad, advierten fuentes del sector de las telecomunicaciones. Hay inquietud en el Ejecutivo porque en algún momento pueden invalidar las actuaciones de Copaco, destacan.
Los directivos de la Copaco estarán incurriendo en una clarísima irregularidad o ilegalidad, la misma que cometieron con la compra de Vox, porque no fue avalado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), si adquiere las acciones de Cable Visión Comunicaciones (CVC), pertenecientes al grupo argentino Clarín, advirtió ayer sobre la posible operación comercial a nuestro diario un abogado, que solicitó la reserva de su identidad porque asesora a muchas empresas del sector.
La Ley 2051/2003 es clara
Nuestra fuente añadió que la Ley 2051/2003 es clara en lo atinente a las compras de las empresas públicas.
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), como es del Estado paraguayo, está al alcance de la normativa de referencia, "porque habla de la fiscalización de todas las adquisiciones de las empresas en las que la mayor parte de las acciones pertenezcan al Estado paraguayo", añadió el técnico consultado.
"Hay que recordar que el 99 por ciento de las acciones de la Copaco pertenecen al Estado y el 1 por ciento a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), otra entidad estatal de servicios públicos, razón por la cual cae perfectamente bajo el mandato de la citada norma, añadió.
La excusa de la sociedad anónima
Copaco se amparó en su figura de Sociedad Anónima, sin mencionar que la misma está conformada por el Estado y otra empresa que también es del Estado (Essap), siguió diciendo nuestro informante.
"La situación en estudio preocupa actualmente a los altos funcionarios del Gobierno", explicó igualmente, y añadió que en esas instancias están discutiendo que en algún momento el Parlamento, o cualquier otro estamento, puede exigir la aplicación de la ley e inclusive anular o invalidar todas las actuaciones de ambas empresas (Copaco y Vox), según alertó.
Dudoso dictamen de la Procuraduría
En el caso de la compañía de telefonía móvil, Vox, explicó nuestra fuente que desde hace dos años viene to- lerándose una ilegalidad, porque "ninguna de las millonarias compras que realizaron fue sometida al control de la Dirección de Contrataciones Públicas".
Lo que para el especialista es una clara transgresión de la ley, Copaco/Vox lo hace amparándose en un dudoso dictamen de la Procuraduría General de la República", explica.
No se modificó la ley 2051
Recordó que Eduardo de Gásperi, director de la institución de control de las adquisiciones de bienes y servicios del sector público, había dicho que solamente modificando la Ley 2051 la operadora de telefonía móvil de Copaco quedaría fuera del control es esa institución.
El dictamen de la Procuraduría General no tiene ningún valor, puesto que se trata de otra dependencia estatal, con lo cual se convierte en juez y parte. Esta misma expresión había utilizado el director de Contrataciones Públicas. Recordemos que Vox realizó compras que rondan los US$ 45 millones entre el 2010 y 2011, de tecnología 2 y 3G, y aparatos telefónicos para regalar a sus clientes.
Los directivos de la Copaco estarán incurriendo en una clarísima irregularidad o ilegalidad, la misma que cometieron con la compra de Vox, porque no fue avalado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), si adquiere las acciones de Cable Visión Comunicaciones (CVC), pertenecientes al grupo argentino Clarín, advirtió ayer sobre la posible operación comercial a nuestro diario un abogado, que solicitó la reserva de su identidad porque asesora a muchas empresas del sector.
La Ley 2051/2003 es clara
Nuestra fuente añadió que la Ley 2051/2003 es clara en lo atinente a las compras de las empresas públicas.
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), como es del Estado paraguayo, está al alcance de la normativa de referencia, "porque habla de la fiscalización de todas las adquisiciones de las empresas en las que la mayor parte de las acciones pertenezcan al Estado paraguayo", añadió el técnico consultado.
"Hay que recordar que el 99 por ciento de las acciones de la Copaco pertenecen al Estado y el 1 por ciento a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), otra entidad estatal de servicios públicos, razón por la cual cae perfectamente bajo el mandato de la citada norma, añadió.
La excusa de la sociedad anónima
Copaco se amparó en su figura de Sociedad Anónima, sin mencionar que la misma está conformada por el Estado y otra empresa que también es del Estado (Essap), siguió diciendo nuestro informante.
"La situación en estudio preocupa actualmente a los altos funcionarios del Gobierno", explicó igualmente, y añadió que en esas instancias están discutiendo que en algún momento el Parlamento, o cualquier otro estamento, puede exigir la aplicación de la ley e inclusive anular o invalidar todas las actuaciones de ambas empresas (Copaco y Vox), según alertó.
Dudoso dictamen de la Procuraduría
En el caso de la compañía de telefonía móvil, Vox, explicó nuestra fuente que desde hace dos años viene to- lerándose una ilegalidad, porque "ninguna de las millonarias compras que realizaron fue sometida al control de la Dirección de Contrataciones Públicas".
Lo que para el especialista es una clara transgresión de la ley, Copaco/Vox lo hace amparándose en un dudoso dictamen de la Procuraduría General de la República", explica.
No se modificó la ley 2051
Recordó que Eduardo de Gásperi, director de la institución de control de las adquisiciones de bienes y servicios del sector público, había dicho que solamente modificando la Ley 2051 la operadora de telefonía móvil de Copaco quedaría fuera del control es esa institución.
El dictamen de la Procuraduría General no tiene ningún valor, puesto que se trata de otra dependencia estatal, con lo cual se convierte en juez y parte. Esta misma expresión había utilizado el director de Contrataciones Públicas. Recordemos que Vox realizó compras que rondan los US$ 45 millones entre el 2010 y 2011, de tecnología 2 y 3G, y aparatos telefónicos para regalar a sus clientes.