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De acuerdo con el descargo presentado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la Contraloría, la entidad estatal no sufrió daño patrimonial en el caso del subsidio para la colocación y mantenimiento por cinco años de 750 teléfonos públicos satelitales, adjudicada en diciembre del 2000 al consorcio integrado por la empresa paraguaya Electro Import SA -vinculada a José Luis Manzoni, pariente del ex presidente Juan Carlos Wasmosy- y la argentina Impsat SA, de Luis Alberto Piccolo, que, en vez de ocho meses, tardó tres años en completar su instalación.
No se puede hablar de daño económico porque los teléfonos fueron instalados en su totalidad y el servicio fue prestado, según el documento. Debemos señalar que, si bien el contrato firmado entre el entonces titular de la Conatel, el diputado colorado nicanorista Víctor Bogado, y el consorcio en cuestión establecía que la demora podía extenderse más de lo previsto (8 meses), por causa de "fuerza mayor", es absolutamente irregular que la empresa estatal haya permitido que se completara en tres años y, peor aun, que en esas condiciones haya dispuesto el segundo y último desembolso del subsidio de G. 12.500 millones. El 50 por ciento del dinero se pagó a treinta días de la firma del contrato, y el resto, a los pocos meses, sin que los teléfonos hayan sido instalados en su totalidad y que hayan estado en servicio.
Fuentes de la Fiscalía, a cargo de la investigación, señalaron a ABC Color que los aparatos eran viejos y de una marca diferente al establecido en el pliego de bases. Es más, según extractos de llamadas de la Copaco, el importe de dichos aparatos, en tres años, no alcanzó los G. 200 millones.
Fondos Universales provee el uno por ciento de los ingresos brutos de las firmas explotadoras de telecomunicaciones. Desde el 99, más de G. 70.000 millones fueron destinados a subsidiar instalación de telefonía pública, internet en escuelas y el Sistema 911.
Próxima nota: No cumplió y fue adjudicada con otra millonaria licitación.
slopez@abc.com.py
No se puede hablar de daño económico porque los teléfonos fueron instalados en su totalidad y el servicio fue prestado, según el documento. Debemos señalar que, si bien el contrato firmado entre el entonces titular de la Conatel, el diputado colorado nicanorista Víctor Bogado, y el consorcio en cuestión establecía que la demora podía extenderse más de lo previsto (8 meses), por causa de "fuerza mayor", es absolutamente irregular que la empresa estatal haya permitido que se completara en tres años y, peor aun, que en esas condiciones haya dispuesto el segundo y último desembolso del subsidio de G. 12.500 millones. El 50 por ciento del dinero se pagó a treinta días de la firma del contrato, y el resto, a los pocos meses, sin que los teléfonos hayan sido instalados en su totalidad y que hayan estado en servicio.
Fuentes de la Fiscalía, a cargo de la investigación, señalaron a ABC Color que los aparatos eran viejos y de una marca diferente al establecido en el pliego de bases. Es más, según extractos de llamadas de la Copaco, el importe de dichos aparatos, en tres años, no alcanzó los G. 200 millones.
Fondos Universales provee el uno por ciento de los ingresos brutos de las firmas explotadoras de telecomunicaciones. Desde el 99, más de G. 70.000 millones fueron destinados a subsidiar instalación de telefonía pública, internet en escuelas y el Sistema 911.
Próxima nota: No cumplió y fue adjudicada con otra millonaria licitación.
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