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La cartera de Estado explica que además de las leyes ya aprobadas que modifican el régimen de jubilaciones para médicos del Ministerio de Salud Pública, en vigencia; y para odontólogos y bioquímicos, sancionada la semana pasada, existen dos proyectos pendientes con un costo potencial acumulado de US$ 2.695 millones (ver infografía).
Estos proyectos surgen como iniciativas parlamentarias y a pesar de la oposición manifestada por Hacienda, están avanzando con miras a su aprobación, tal como sucedió con los anteriores.
Actualización de haberes
El primero de ellos actualiza los haberes jubilatorios de beneficiarios de la Caja Fiscal, lo que implica que los jubilados deberán percibir el equivalente al salario del funcionario activo de su categoría.
Esta medida está siendo impulsada por las organizaciones de jubilados desde hace años y en los últimos tiempos registra un mayor impulso en las Cámaras del Congreso, hecho que genera preocupación en el Ministerio de Hacienda debido al alto costo que representará esta modificación.
Los jubilados sostienen que no afectarán las finanzas de la Caja Fiscal, ya que la diferencia se cubrirá con los fondos superavitarios con los que cuenta el sector de empleados públicos.
Hacienda argumenta que no se puede pagar montos mayores a la gente que no aportó para ello y que, de aprobarse, será la ciudadanía la que pasará a cargar con estos beneficios a través de los impuestos porque es insostenible.
Las proyecciones efectuadas por la referida cartera dan cuenta de que el costo potencial acumulado en los primeros cinco años llegaría a unos US$ 1.116 millones, esto sin incluir los cambios en el sector de médicos, odontólogos y bioquímicos de Salud Pública.
Adultos mayores
El segundo proyecto de ley modifica y amplía ley que otorga una pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza que, de acuerdo con los datos hasta mayo, beneficia a 192.587 personas en todo el país.
La modificación planteada en el Legislativo, según dijeron las autoridades de Hacienda, implica ampliar la cantidad potencial de beneficiarios, porque excluye la condición de pobreza y habla de vulnerabilidad, pero no establece que implica este concepto.
Según las proyecciones efectuadas por la cartera, tendría un costo potencial acumulado de US$ 1.579 millones.
La pensión que paga el Estado actualmente es G. 528.141 mensual, con un costo anual promedio de US$ 200 millones, de acuerdo con lo señalado por las autoridades de Hacienda.
La modificación del régimen jubilatorio de la Caja Fiscal y el aumento de los subsidios que están estudiando en el Legislativo, terminarán pagando la ciudadanía a través de déficit fiscales e inflación alta, advirtió el viceministro de Economía, Humberto Colmán, en declaraciones a radio ABC Cardinal (730 AM).
Régimen para los médicos
Otro proyecto de ley que modifica el régimen de jubilaciones de la Caja Fiscal, aún pendiente, es el que incluye a médicos de todas las instituciones públicas al régimen jubilatorio de los médicos del Ministerio de Salud Pública. Esta ley está vigente desde el pasado mes y, según Hacienda, las proyecciones en un periodo de 2019-2056 dan un déficit de US$ 1.347 millones.
