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Registro Público informó a la jueza que los inmuebles efectivamente están a nombre del Instituto de Bienestar Rural (hoy Indert). Incluso agregó que se hicieron denuncias penales debido a que gente inescrupulosa fraguó documentos para quedarse con las fincas.
El fallo puede considerarse sin precedentes, atendiendo que el Estado o el Indert pueden efectivamente tomar posesión de las tierras, donde según fuentes, solo existen plantaciones de soja.
Los antecedentes revelan que el 14 de marzo pasado, el abogado Édgar Taboada Insfrán, en representación del Indert, promovió el interdicto de adquirir la posesión sobre la finca número 25.367 del distrito de Hernandarias y la finca número 1.724 de Itakyry, de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.
“Como es sabido, el interdicto es un procedimiento judicial muy sumario y de tramitación sencilla, cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra”, señaló la jueza en la Sentencia Definitiva N° 86 del 20 de marzo pasado.
El artículo 640 del Código Procesal Civil dice: “Procedencia. Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá: a) que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho; y b) que nadie tenga título de dueño o usufructuario, o posea los bienes cuya posesión se pida”.
El Indert, según la resolución judicial, ya inició diligencias preparatorias, que se encuentran culminadas y agregadas por cuerda separada, en el expediente a cargo de la jueza en lo civil de Asunción Tania Irún.
Plan de recuperación
Recordemos que la actual administración del Indert, a cargo del Lic. Justo Cárdenas, se halla abocado a un plan de recuperación de tierras del patrimonio del Instituto, pero son explotadas por grandes productores de granos. En ese sentido ahora se encuentra en proceso de recuperación las colonias Santa Lucía y Laurel en Alto Paraná y Canindeyú.