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TEMBIAPORÃ (Víctor Daniel Barrera, corresponsal). Tras el desalojo de 200 familias campesinas de Guahory, a quienes sindican de “invasoras de propiedad privada”, pudimos acceder a cientos de páginas de títulos de colonos paraguayos, descendientes de brasileños, sobre 1.200 ha de la colonia.
Sobre la situación de esa superficie preguntamos a Hugo Jiménez Recalde, asesor del Sistema Información de Recursos de la Tierra (SIRT), dependiente del Indert. El funcionario informó que, en un relevamiento de datos en la colonia realizado ya en 2015, identificaron 102 lotes, de los cuales 68 títulos están finiquitados (inscriptos en la DGRP), 3 lotes a titular (con arraigo comprobado) y 25 ocupados de manera irregular, cuyas adjudicaciones fueron revocadas por la institución por no cumplir el estatuto agrario. Los 40 restantes presentaron títulos de propiedad que fueron adquiridos de personas particulares.
“Como SIRT identificamos casos de brasileños con títulos de 2007, cuando ya no podían (por restricción del actual estatuto de entregar tierras a extranjeros), otros con lotes de 64 hectáreas, superficie no permitida, y otros cientos de casos que violaron el estatuto, pero que ya se inscribieron en la DGRP. Eso era casi una norma y hoy no”, afirmó.
Los colonos mostraron a nuestro diario sus títulos expedidos en el pasado por el Indert y se pudieron verificar las anomalías mencionadas por Jiménez Recalde. Incluso vimos que hay títulos que ni siquiera tuvieron la firma del presidente del instituto y aún así fueron inscriptos en Registros Públicos (ver facsímil). Al respecto, el titular del SIRT señaló que “administrativamente no se puede hacer más nada cuando el título está finiquitado”. La única vía sería la impugnación judicial.
ABC Color se comunicó también con el expresidente del ente agrario Ing. Erico Ibáñez, cuyo nombre aparece en algunos de los títulos pero no su firma. Aseguró que los títulos sin la rúbrica del titular de la institución no tienen validez y que en el caso de que hayan sido igualmente inscriptos en la DGRP, el Indert podría impugnarlos por la vía jurídica.
No fue desalojo
Los dos fiscales que llevan la causa del conflicto de tierras en Guahory, Alfredo Mieres y –como coadyuvante– Alfirio González, explicaron que se valieron de informes proveídos por Indert y Catastro para ejecutar el “Plan de acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno”, no así un desalojo, que es otra figura jurídica.
Etapas del plan ejecutado
El plan tuvo tres etapas. La primera es la Constitución Fiscal, en la que el interviniente comprueba la titularidad del inmueble; posteriormente solicita acompañamiento policial para la constitución en lugar, se interioriza del motivo de ocupación y también advierte las consecuencias a infractores. En la segunda fase se procede a la planificación del procedimiento, donde los agentes fiscales y policiales convocan a una reunión interinstitucional a fin de planificar el procedimiento. La tercera parte es el Procedimiento de aprehensión y cesación del hecho antijurídico. En ese punto, las fuerzas del orden se constituyen en el lugar y aprehenden a los infractores.