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El gremio importador viene reclamando hace varios años detener la creación de nuevas medidas administrativas (algunas de dudosa constitucionalidad), y la reducción y eliminación de varias medidas burocráticas que simplemente encarecen de manera innecesaria el comercio internacional, específicamente a las importaciones, teniendo en cuenta que nuestro país depende en gran medida de este sector de la economía.
Para el gremio importador son sobrecostos originados en legislaciones y normativas que ya no se justifican y que, en algunos casos, alientan la corrupción, por lo que requieren de una profunda y urgente revisión.
Precisamente, un estudio realizado este año por el CIP ha encontrado que las operaciones de importación de nuestro país tienen un sobrecosto anual superior a los US$ 50.000.000.
Indica que esto pasa, entre otras cosas, porque Paraguay hoy es el único país que comisiona funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) al extranjero, encareciendo en US$ 100 cada operación en los puertos de trasbordo, como en los casos de Argentina y Uruguay, lo que afecta a todas las mercaderías de extrazona, es decir de fuera del Mercosur.
Al respecto, el presidente del CIP, Ing. Ricardo Carrizosa, afirmó que el propósito del estudio realizado por el gremio y presentado al Gobierno es optimizar la competitividad de Paraguay para nivelarse a los indicadores mundiales y obtener así mayor eficiencia en los costos de comercio. “Hacer de la competitividad una política de Estado nos permitirá conseguir mejores tasas de crecimiento y bienestar para todos los paraguayos”, manifestó.
En ese mismo contexto, Carrizosa, afirmó que en perjuicio del sector privado paraguayo, en general, se ha expandido un fenómeno muy perjudicial en toda la Administración Pública. “Este fenómeno es la creación artificial de ingresos tributarios, a través de tasas especiales resueltas de acuerdo a la necesidad de recaudación en fuente propia”, aseveró.
Artificiales
Agregó que estas medidas son “artificiales”, porque en la gran mayoría de casos no existe necesidad de un trámite en particular, o simplemente porque el precio público pagado en concepto de tasa carece de relación alguna con la prestación recibida, o en otro casos no recibida siquiera, que dice justificar la existencia de este tributo.
Puso en duda la constitucionalidad de la creación de estas normativas administrativas, puesto que el artículo 44, de la Constitución Nacional, dispone que toda creación tributaria debe estar dispuesta por Ley del Congreso nacional. Afirmó que la “necesaria existencia” de esta categoría de norma para el establecimiento de tributos venía a establecer marcos de previsión razonables en el tiempo en relación a los costos de ejercicio de una determinada profesión, costos para los actores de comercio, como la importación o exportación de productos.