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COMUNIDAD INDÍGENA “KUETUWY”, Villa Ygatimí, Canindeyú (Pablo Medina, corresponsal; Iván Leguizamón, Andrés Cristaldo y Francisco Mendoza, enviados especiales). Los invasores aceptaron retirarse a cambio de que el Gobierno, en un plazo de 22 días, aclare la legitimidad del título de los nativos y la compra del nuevo terreno donde serán reubicados. El acuerdo fue pactado ayer luego de la negociación entre el ministro del Interior, Carmelo Caballero; Misael Alcaraz Bracho, funcionaria del Indert; el intendente de Corpus Christi, Pedro Arturo Santa Cruz, y Gustavo Aquino, presidente de la comisión “Virgen del Carmen”, que nuclea a los invasores.
La decisiva reunión se llevó a cabo desde las 10:30 hasta las 14:50, en un aula del colegio nacional “San Francisco de Asís”, ubicado en la planta urbana de la colonia Brítez Cue, a 65 kilómetros de la ciudad de Curuguaty.
El ministro Caballero llegó a la zona en un avión, acompañado del comandante de la Policía, Aldo Pastore, y el director general de Orden y Seguridad, Carlos Humberto Aguilera. Otros jefes policiales presentes fueron Francisco Agüero, director de la Cuarta Zona; Benito Núñez Lezcano y Ernesto Villalba, jefe de Policía y jefe de Orden y Seguridad de Canindeyú, respectivamente, así como Enrique Isasi, titular de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER).
Desde temprano, los campesinos se reunieron en Brítez Cue, en espera de la comitiva del Gobierno, mientras que a su vez una dotación de 450 policías de distintas unidades se preparaban para cualquier tipo de intervención en caso de que no se llegara a un acuerdo y hubiera que hacer desalojo.
Sin embargo, tras la extensa reunión, el ministro del Interior salió y dio a conocer los detalles del acuerdo. El acta que firmaron las partes estipula que los invasores se comprometen a desocupar el inmueble, retirar sus pertenencias e instalarse provisoriamente en otro terreno, a solo cinco kilómetros.
Otro punto es la tramitación de una mensura que quedará a cargo del Indert, para determinar la legitimidad del título de propiedad que tienen los aché y saber exactamente hasta dónde llega la propiedad de ellos.
Además de la reubicación de las familias, los ocupantes exigen la asistencia del Gobierno para “movilidad y gastos administrativos”, así como asistencia alimenticia y resarcimiento por los cultivos supuestamente abandonados.
Los “sintierras” emplazaron por 22 días al Gobierno para ejecutar todas sus peticiones. De no cumplirse las promesas, los campesinos anunciaron que volverán a invadir la finca N° 470 y que esta vez defenderán su lucha hasta con la vida.