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Tras los datos del estudio “El costo del contrabando” que se dio a conocer la semana pasada en Foz de Yguazú, Brasil, elaborado por el Instituto de Desemvolvimiento Económico y Social de Fronteras (Idesf), en Brasil iniciaron una serie de acciones gubernamentales en conjunto con el sector privado para evitar el ingreso masivo de contrabando desde Paraguay.
De hecho, la Receita Federal y la propia Policía Federal trabajarán ahora en forma conjunta. Adquirieron más camionetas, lanchas y vehículos blindados para hacer los operativos en frontera, por tierra y agua, con Paraguay.
Las cifras del contrabando resultan alarmante para una economía brasileña, cuyo sector industrial fue la que impulsó todo este movimiento para buscar la forma de frenar el ingreso ilegal de productos desde Paraguay. En ese sentido, gremios industriales, organizaciones civiles e instituciones públicas del Brasil lanzaron el pasado 3 de marzo “El día Nacional del Combate al Contrabando”, que incluye una serie de acciones y la presentación de un estudio realizado por el Idesf.
El informe se basó sobre los diez productos más incautados en la frontera entre Paraguay y Brasil. El costo que esto implica para la economía brasileña y las consecuencias sociales y económicas que acarrea esta actividad para toda la región fronteriza. El principal producto decomisado, según señala Idesf, es el cigarrillo, que representa el 67% de todas las incautaciones del 2014.
Según este documento, en solo un año la Receita, la Policía Ferroviaria y la Policía Federal incautaron cigarrillos paraguayos por valor de 4.700 millones de reales en impuestos evadidos al fisco brasileño. La mayoría de los cigarrillos decomisados son fabricados por Tabesa, propiedad del presidente de la República, Horacio Cartes.
Esta cifra igualmente no incluye la cantidad de electrónica y productos de informática que ingresan al Brasil desde el lado paraguayo, y que también tienen un valor impositivo importante. Además, según el Idesf, todas las incautaciones registradas representarían apenas el 10% de todo el contrabando que pasa en la frontera entre ambos países.
A partir de estos números, la propia recomendación del Idesf fue encarar una agenda comercial y política con Paraguay para buscar la forma de legalizar el gigantesco tráfico de cigarrillos, así como establecer un mayor control en la frontera entre ambos países, con una mayor inversión sobre todo en tecnología y en servicios de inteligencia.
La realidad local
Del lado paraguayo, la situación es totalmente lo contrario. Las entidades de control están con la capacidad logística mínima para evitar el ingreso ilegal de productos. Por ejemplo, la Aduana, cuenta actualmente con apenas una lancha operativa en buen estado. La Marina prácticamente se desentiende del control de los ríos y la Unidad Interinstitucional de Combate al contrabando (UIC) formado por el Gobierno, no cuenta con un presupuesto propio para hacer sus inversiones.