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Ante la pregunta de por qué el MOPC acepta a firmas con antecedentes de procesos judiciales, Jiménez Gaona respondió que “la ley de Contrataciones Públicas es la que establece qué empresas pueden participar y cuáles no. Ninguna de las empresas que participaron de esta licitación tiene un impedimento de acuerdo a lo que establece la Ley”. Sobre el caso específico de la compañía brasileña, dijo: “Hicimos una consulta al Brasil en el caso de la firma Queiroz Galvão y la comunicación oficial del Gobierno dice que esa empresa no tiene ningún impedimento para participar de licitaciones en el Brasil”.
En cuanto a por qué la convocante no pidió que las contratistas bajen los precios ofrecidos, alegó que “el reglamento establece que Hacienda tiene la facultad de hacer pequeños ajustes exclusivamente con la empresa que tenga la oferta más baja en el periodo competitivo. La última oferta que hizo la segunda mejor empresa (Mota Engil-Talavera Ortellado) es más un acto de ‘chicanería’ que otra cosa. Si tenían la capacidad de presentar una mejor oferta lo hubiesen hecho en el proceso competitivo, al momento de la presentación de ofertas como lo hicieron todas las demás empresas”, alegó.