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También criticaron la gestión del superintendente de Seguros, Diego Martínez.
El titular del ente monetario central, Carlos Fernández Valdovinos, criticó la mencionada normativa que presentó la Superintendencia de Seguros (SIS) el pasado 10 de enero por encontrarse graves falencias para su aplicabilidad. Entre ellas mencionó el periodo de carencia de seis meses para la cobertura del seguro y que hace que el SOAT no sea de aplicación inmediata. “Se vuelve un negocio lucrativo para quienes lo administren, en este caso para el coaseguro”, acotó.
También cuestionó que la citada reglamentación haya sido el canal para la creación del grupo coasegurador forzando un monopolio que ni siquiera cuenta con personería jurídica.
Al ser consultado del porqué reaccionaron luego de que la ley y las resoluciones ya estén en vigencia, alegó que los miembros del directorio no fueron consultados por la Superintendencia de Seguros (SIS) en relación a la normativa que entra en vigencia a partir de marzo de este año, como tampoco los asesores jurídicos de la institución, y que se enteraron de su contenido tras hacerse público. Cabe mencionar que Fernández Valdovinos tomó la posta del BCP al asumir el nuevo gobierno en agosto del año pasado, mientras que la lucha por el SOAT data de aproximadamente 4 años.
La Ley 4950/13 que crea el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito fue sancionada como tal por el Ejecutivo en julio del año pasado. Anteriormente, el proyecto estuvo parado por cuatro años en el Congreso de la Nación, donde sufrió una serie de modificaciones con respecto al diseño original presentado por la SIS en 2010, ya en ese tiempo a cargo del actual superintendente de Seguros, Diego Martínez.
El proyectista del diseño final del SOAT y que fue aprobado en el Congreso, fue el exdiputado David Ocampos (Unace).
Fernández lanzó duras críticas contra el superintendente de Seguros, Diego Martínez, a quien responsabilizó de impulsar reglamentaciones que favorecen únicamente a las aseguradoras. Comentó que Martínez ni siquiera consultó al directorio antes de emitir tales resoluciones, por lo que se analizará su gestión.
“El superintendente se ha atribuido demasiadas facultades que no le competen y comprometen al BCP”, lamentó. Aunque el directorio no tiene la potestad de remover en su cargo al superintendente, podrá influir en la decisión del Ejecutivo en caso de que se analice la gestión de Martínez por esta situación, acotó.
Por otra parte, el senador colorado Víctor Bogado presentó ayer un proyecto de derogación de la ley del SOAT. El parlamentario explicó que se busca evitar que se dé el mismo proceso de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), en que inclusive se perjudicó a muchos empresarios que alistaron sus talleres para participar de la licitación. Supuso que si la derogación corre, el dinero de aquellas personas que ya abonaron el seguro debe ser devuelto. Se estima que unas 5.000 personas ya abonaron el SOAT en lo que va de este mes.