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En aparente complicidad con la citada proveedora, utilizaron el promedio más alto de la tarifa para la facturación, en medio de una enmarañada maniobra de retrasos y confusas indicaciones para la nominación de la carga, que son determinantes para la fijación del precio final. El contrato dice que “se establecerá la cotización del producto conforme al promedio aritmético de las cotizaciones correspondientes a la quincena en la cual se inicia la ventana de carga acordada”.
En este caso, la fecha supuestamente establecida fue el 15 de noviembre, pero recién fue ejecutada 9 días después. Con esta maniobra perpetraron la sobrefacturación, utilizando el promedio más alto de la cotización internacional de gasoíl, pero luego intentaron disimular lo que concretaron con supuestas protestas ante el banco y ante la proveedora “Blue Oil”, para que modificaran el monto total facturado. De esta manera, Petropar pagó el mayor precio de US$ 869,383 por cada m3 de gasoíl, de un volumen de 43.558,827 m3 (más de 43 millones de litros), lo que representó un total desembolsado de US$ 37.869.303,69, debiendo haberse abonado solamente US$ 851,918 por m3, lo que implicaba un total de US$ 37.073.653,36, diferencia que arroja la sobrefacturación de US$ 795.650,33.
Por si todo esto fuera poco, pagaron un precio inflado y encima Petropar recibió un menor volumen de gasoíl de lo contratado, ya que la factura habla de 43.558,82 m3 y llegó solamente 43.517,866 m3.
El “modus operandi” utilizado es similar a otro sonado caso de daño patrimonial, orquestado en detrimento de Petropar, pero con la proveedora Vitol SA, con la cual perjudicaron a la estatal por más de US$ 1.860.000. Esta operación ya fue ejecutada durante el gobierno de Fernando Lugo, específicamente durante la administración en Petropar de Juan Alberto González Meyer y de su gerente general Gerardo von Glasenapp, quien sigue ocupando el mismo cargo. Ambos fueron imputados y el caso quedó impune por la dudosa actuación fiscal.
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