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El inicio de la sesión extraordinaria está marcada para las 8:30 y las comisiones legislativas mencionadas sugieren aprobar una serie de modificaciones sin alterar el tope de gasto establecido por el Poder Ejecutivo de G. 69,1 billones (US$ 12.133 millones al cambio vigente) ni el límite legal del déficit fiscal, de 1,5% del PIB.
Las comisiones recomiendan, entre otros puntos, trasladar ya al presupuesto 2017 el eventual aumento del salario mínimo en 7,2%, porque el proyecto de ley que modifica el sistema de ajuste en el sector privado ya tiene media sanción del Senado y se estima que tendrá el mismo trámite en Diputados, para estar en vigencia en diciembre o enero.
En principio el incremento es solo para los que ganan el mínimo y para aquellos que tienen atadas sus remuneraciones a la variación de este sueldo, como el caso de militares y policías.
Los diputados deberán decidir si el incremento se abona desde enero o desde julio. Esta última opción para reducir el costo financiero que representará para el Estado.
No se descarta que algunos quieran extender este beneficio a todos los funcionarios, a lo que el Ministerio de Hacienda se opone por el impacto fiscal que tendrá y porque alega que no se justifica ya que el salario público en promedio se incrementó 158% desde 2004 a octubre de 2016.
De aprobarse el aumento solo para los que ganan el mínimo y fuerzas públicas, el impacto financiero será de unos US$ 50 millones, pero de extenderse a todos el costo fiscal será cuatro veces más, lo que afectaría programas sociales y presionará hacia un mayor déficit fiscal, según informe de la cartera.
Otro punto es el recorte del 50% a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en materia de salarios, que fue recomendado por la Bicameral, pero que sería repuesto por los diputados, que además deben decidir si mantienen o no el pago de las gratificaciones o aguinaldo extra. La Bicameral dejó en un pago, de los dos que tienen este año los funcionarios.
Los diputados analizarán asimismo si aceptan la nueva emisión de bonos del Tesoro por valor de US$ 580 millones, de los cuales más de la mitad son para cubrir los vencimientos o bicicletear la deuda, y la otra parte iría a obras. En principio no hay mucha oposición en este punto de parte de los legisladores oficialistas.
Otra modificación planteada es el recorte de G. 153.165 millones (US$ 26,8 millones) en gastos considerados superfluos (bonificaciones, aguinaldo extra, pasajes y viáticos, servicios de catering), recurso que fue reasignado a 17 instituciones para programas sociales.