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La Contraloría General no puede avanzar en la auditoría al proceso de contratación que derivó en la adjudicación de la obra del superviaducto a Isolux, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no ha remitido aún los documentos que le solicitaron hace dos semanas, según confirmaron ayer en el ente auditor. Le habían puesto un plazo de 10 días, que vence hoy.
La Contraloría, cuyo titular es Enrique García, le había pedido al MOPC la resolución por la que se autorizó el llamado, las adendas al pliego de bases y condiciones, las ofertas, las garantías de mantenimiento de ofertas, la planilla de cómputo métrico y presupuesto, la resolución de adjudicación, la garantía de anticipo, el programa de inversión del anticipo, el contrato suscrito con Isolux Corsan, la garantía de cumplimiento del contrato, el documento de designación del responsable de fiscalizar el cumplimiento de la prestación, el informe de auditoría interna institucional sobre cumplimiento del contrato y el informe elaborado por el responsable de fiscalizar la ejecución del contrato, entre otros informes.
El abogado Paul Ojeda, director de Licitaciones de la Contraloría, explicó que recién una vez que reciban los documentos solicitados podrán hacer una revisión y establecer qué tipo de actividades de control se desarrollarán al respecto.
Atendiendo a que la auditoría fue solicitada por el propio ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, luego de que se involucrara al superviaducto en un escándalo por el supuesto pago de “comisiones”, en el marco de una investigación en España, le consultamos a Ojeda cuál será el alcance de la auditoría que realice la Contraloría.
Respondió que recién una vez que se inicie la actividad de control podrán establecer los límites de la competencia de la Contraloría en cuanto a esta investigación.
Por otro lado, a nivel local existe una denuncia penal de parte del diseñador de la obra, el Ing. Herman Pankow, por las modificaciones introducidas al proyecto.
En cuanto al escándalo en España, Jiménez Gaona no ha promovido proceso alguno contra Ernesto Dos Santos, el “lobista” que presumía ante sus socios españoles de su cercanía al ministro y su presunta influencia en el MOPC.
Jiménez Gaona se limitó a enviarle a Dos Santos un escribano para que este aclarase el vínculo laboral que le une a Isolux, firma que según la investigación de la Policía Judicial española habría obtenido el contrato pagándole una “comisión” al empresario Jordi Pujol Ferrusola, cuyo contacto en Paraguay era justamente Dos Santos.
Para conocer la razón por la cual el Ministerio no remitió aún los documentos que solicitó Contraloría consultamos a la Dirección de Comunicaciones, que respondió que “son 18 biblioratos que se tienen que foliar, para la Contraloría y la Fiscalía”, y que por eso se está dilatando. “Esta semana estarían listos”, alegaron.