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Ortellado recordó que el viernes pasado apareció un nuevo decreto (Nº 6.140), con el que de nuevo “se cambian las regla del juego, y que “obliga y aísla” al sector privado con la exigencia de que todas las garrafas deben estar indefectiblemente empadronadas para la recarga. “Si tenemos ya encima una multimillonaria multa y de vuelta el MIC nos larga una fila de intervenciones en los últimos 30 días, lo que estamos haciendo ahora es una revisión completa de nuestro parque de garrafas, haciendo canjes inter emblemas, de modo a relevar completamente qué es lo que tenemos”, dijo.
Añadió que mientras esto pasa, están abasteciendo normalmente a los hospitales, restaurantes y estaciones de servicio. “O sea, el mercado está abastecido. Obviamente ese trabajo (de la revisión general del parque de garrafas) nos obliga a restringir un poco la salida de los envasados. De hecho, existe una molestia nuestra con el MIC por este tipo de acciones, que de golpe y porrazo quiere regularizar el mercado de garrafas, no habiendo condiciones, porque hay una sola empresa certificadora (Labsol SA), y el empadronamiento es un simple tema administrativo”, afirmó.
Añadió que presentarán un pedido de reconsideración para evitar mayores perjuicios a la gente.