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Al no tener la mayoría absoluta de tres cuarta parte de los votos totales (53 de 80), finalmente se aprobó ayer el proyecto de ley “que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a sus actuales ocupantes, varias fincas de la Colonia Guahory, de los distritos de Tembiaporã y Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú”.
La decisión sorprendió a los referentes del sector, pues a finales de 2016, el Indert ya había trasladado a parte de las familias que habían sido desalojadas de la colonia mencionada, en aquel cuestionado operativo que derivó en una serie de conflictos con los campesinos. La otra parte del grupo de labriego quedó en Guahory, con la promesa del ente agrario de ir recuperando algunos lotes que todavía no estaban titulados en la colonia y que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria.
¿Tierras para quienes ya recibieron tierras?
José Ledesma, diputado por San Pedro (PLRA), fue quien defendió el proyecto antes de la votación de los legisladores, diciendo que se busca beneficiar a compatriotas que no tienen “un pedazo de tierra”. Lo que no mencionó es que el Estado, a través del Indert, realizó hace más de cuatro meses la gestión de compra de otra propiedad de 1.550 Ha, cuyo precio se fijó en US$ 3.500/ Ha como mínimo, y reubicó en este sitio a parte de los campesinos del conflicto de Guahory.
Precisamente, el diputado Mario Soto (ANR, Caaguazú), indicó que el documento es extemporáneo y sostuvo que ya se realizó un trabajo interinstitucional en el que se logró el consenso con los labriegos afectados. “Fueron reubicados en un hermoso lugar, sobre una propiedad que tiene ocho kilómetros de frente, camino entre Yhú y Vaquería. Creo que este proyecto queda extemporáneo”, apuntó Soto Estigarribia.
Aun así, el diputado Aldo Vera (AP, Capital) se pronunció a favor de la expropiación, diciendo que si el instituto agrario no hubiera entregado títulos en las últimas décadas a no sujetos de la reforma agraria, no hubiésemos llegado a esta situación. Argumentó que, ante la inacción del Indert en juicios de anulación de títulos con raíz espuria, la otra salida es la expropiación; ésta fue finalmente aprobada en la Cámara Baja y pasó al Ejecutivo, para su promulgación o veto.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) cuestionó la decisión tomada en el Legislativo, sin compadecerse siquiera de los datos reales o la situación actual del sector al que supuestamente quieren beneficiar. “Es un disparate, que el Estado esté expropiando sus propias colonias de la reforma agraria, para destinar a la reforma agraria”, afirmó el Ing. Héctor Cristaldo, titular de UGP, que aglutina a varios gremios como la CAP, Fepama, Capeco, Fecoprod, entre otros.
Reubicados
Onécimo Araújo, líder de las familias campesinas reubicadas en la propiedad de Yhú, dijo ayer a ABC que en el lugar están recibiendo asistencia del Estado.
Según los datos, unas 15 familias fueron llevadas a este sitio y otras 25 están en lista de espera.
Además, otras 60 familias permanecen en Guahory, esperando que el ente recupere los 41 lotes prometidos.