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–¿Cuál es la preocupación de Cifarma?
–Lo que nosotros no queremos, tampoco ellos quieren, es que aparezca cualquier biosimilar de dudosa calidad en el mercado, pero no por eso queremos que se excluya a la industria farmacéutica paraguaya de la posibilidad de desarrollar esa misma tecnología en nuestro país y así contribuir a abaratar los costos de estos fármacos, que hoy en nuestro país significan más del 30% del presupuesto del IPS para el tratamiento de apenas 2.500 pacientes.
–¿Los desarrolladores están pretendiendo patentarlos en nuestro país?
–Están queriendo registrar el medicamento al haber vencido la patente y para eso hace falta una reglamentación, y allí es donde los industriales paraguayos creemos que se debe contemplar la posibilidad de que también se desarrolle una industria de biosimilares auténticamente nacional.
–¿Cuál es el riesgo que se corre con el registro?
–Allí hay muchos mitos. Por ejemplo, la reglamentación del IPS excluye definitivamente la posibilidad de que la industria farmacéutica paraguaya llegue a presentar algún medicamento en competencia y no queremos que la reglamentación del Ministerio de Salud haga lo mismo. O sea, esto sería como un aborto, matar a una criatura antes de nacer.
–¿Cómo debería ser esa reglamentación?
–Hay que trabajar en la reglamentación, entender que hoy el desarrollo analítico es tremendo. En la proteómica uno puede saber la estructura tridimensional de la proteína, su grado de glucosilación, porque son proteínas glicosiladas. Se puede saber ya el 90% de la caracterización de ese producto frente a un original, y el resto quedaría para ensayos clínicos, que son inevitables.
–¿De qué maneras, cree usted, quieren matar a la industria nacional?
–Estableciendo condiciones incumplibles, preconizando estudios que llevan 15 años, cuando ya no son necesarios, ese es el grave problema.
Nosotros creemos que se pueden fabricar biotecnológicos o biosimilares de alta calidad siguiendo lo que manda las normas de buena manufactura en cuanto a la calidad del ambiente, a los controles analíticos, al uso de cultivos de células puras, certificados, etc.
Lo que está apareciendo en los diarios locales es una campaña de las empresas innovadoras, que solamente en Estados Unidos gastaron US$ 110 millones en lobby para mantener el monopolio. Pero pasa que el sistema previsional de Colombia, por ejemplo, ha quebrado por culpa de esto (los altos precios que derivan del monopolio).
Estados Unidos ha sacado una ley de competencia de biotecnológicos para la aparición de los biosimilares y para que haya libre competencia, porque los precios que hoy se piden son salvajes.
–¿Ya están registrados en Paraguay?
–Acá hay medicamentos biotecnológicos registrados como cualquier otro medicamento. Eso se tiene que terminar y tiene que haber una reglamentación específica, hay que trabajar en ella.
–¿Y hay voluntad para hacer esa reglamentación?
–Ojalá haya. A México le llevó dos años reglamentar este tema, hicieron un reglamento bastante bueno en resguardo de la salud de la población, pero abriendo las puertas para la competencia local y que bajen los costos.
De eso se trata, es un tema muy gordo, además es algo en el que está en juego la vida humana.
¿Qué pasa si uno no está asegurado en el IPS? ¿Podrá pagar G. 20 millones por una dosis? Obviamente que no, entonces a uno no le queda otra que morir.
El Gobierno tampoco puede aguantar esos presupuestos en el Instituto del Cáncer, y no sé por cuánto tiempo más el Instituto de Previsión Social (IPS) va a aguantar esto, más aún ahora que los pacientes están exigiendo por orden judicial que se le dé medicamentos de esa clase. Hay que crear competencia, hay que competir.
PREOCUPACIÓN GREMIAL
La preocupación de Cifarma es que aparezca cualquier biosimilar de dudosa calidad en el mercado.
El gremio no quiere que se excluya a la industria farmacéutica paraguaya de la posibilidad de desarrollar esa misma tecnología en nuestro país y así contribuir a abaratar los costos de estos fármacos.
Los fármacos utilizados hoy en nuestro país significan más del 30% del presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS) para el tratamiento de apenas 2.500 pacientes.