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El ex titular de Obras Públicas, Efraín Alegre, explicó que todos los gastos realizados durante su administración están documentados y que el supuesto faltante de más de G. 41.000 millones se encuentra debidamente justificado con facturas de las contratistas y las órdenes de pago que, según indicó, "llamativamente fueron retenidas por los nuevos gerentes del Ministerio de Obras Públicas".
El senador liberal, que actualmente se postula como uno de los candidatos presidenciales en las internas de su partido, dijo que la denuncia sobre supuesta malversación de fondos ya había sido elevada el año pasado. "Llamativamente lo reviven ahora, en época electoral, por orden de Lugo, que ve con preocupación lo que dicen las encuestas con respecto a nuestro movimiento", señaló.
Dijo luego que ya en setiembre de 2011, había elevado una nota al contralor Óscar Velázquez, solicitando que el órgano superior de control "ejerza su competencia constitucional y legal efectuando un requerimiento urgente a los responsables administrativos del MOPC de las documentaciones respaldatorias correspondientes". Alegre urgió de nuevo esa diligencia en enero pasado mediante otra nota elevada ante la CGR.
Una auditoría realizada al Ministerio de Obras sobre el ejercicio fiscal 2010, divulgada por responsables de la cartera, da a entrever que esa secretaría de Estado en esa época pagó más de G. 41.000 millones, supuestamente por obras de construcción, pero sobre las cuales no existiría ninguna documentación que respalde los millonarios desembolsos.
Este informe es a base de un trabajo de auditoría realizado por la Contraloría en el área Construcciones sobre una parte del presupuesto total manejado por dicha secretaría de Estado en el ejercicio mencionado y estuvo relacionado con desembolsos en el marco del programa de construcción de empedrados y mejoramiento de caminos rurales.
Allí se mencionan dos grupos de gastos que en total sumarían un daño patrimonial de G. 43.017.276.498. El primero de ellos refiere a que el MOPC durante la administración Alegre realizó pagos por un total de G. 41.719.247.739 sobre los que no existe documentación respaldatoria alguna.
El segundo grupo de gastos, los que sí están documentados en parte, salta una diferencia entre los documentos presentados y los pagos realizados por el MOPC. Los documentos sumados dan un valor menor que el dinero desembolsado por la cartera de Estado, lo que ha significado otro perjuicio de G. 1.298.028.753, expresaron las fuentes.
Contraloría hace notar que de la muestra analizada, el 26,64% del dinero desembolsado no tenía ningún tipo de documentación.
Explicaron que para saber a ciencia cierta cuánto dinero gastado no se ha documentado durante el año 2010 debería realizarse una auditoría del presupuesto total ejecutado en dicho periodo.
El informe elevado al contralor fue elaborado por la Dirección General de Control de Administración Central, integrada por Éver Otazo, Carlos Benítez Pesoa, Noemí Scavone y Marta de Sánchez.
Consultado Efraín Alegre sobre la grave acusación, respondió que todos los documentos están en el MOPC, pero que "llamativamente fueron retenidos por los nuevos gerentes del Ministerio de Obras Públicas". El ex subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Félix Bogado Tatter, y el ex director de Finanzas, Roberto Paredes, entregaron en la redacción del diario el listado de las empresas que cobraron sus certificados, las copias de las notas remitidas a la CGR y un archivo digitalizado de todas las facturas que fueron expedidas por las contratistas así como de las órdenes de pago emitidas.
"Presentó el detalle..."
"La Contraloría, quizás por falta de tiempo, ya no analizó en su momento los documentos respaldatorios mencionados, por lo que se incluyó en la comunicación de observaciones que fue realizada por el órgano de control al MOPC en el 2011, ya durante la administración de Cecilio Pérez Bordón. Consecuentemente, el descargo a las observaciones lo debió hacer la administración de Pérez Bordón", dijo el ex viceministro Juan Félix Bogado Tatter.
"No obstante, Efraín Alegre, en nota, presentó el detalle de toda la documentación requerida, con las solicitudes de transferencias de recursos y las facturas correspondientes, aclarando que toda la documentación se encontraba en el MOPC para su verificación por la CGR", concluyó el anterior titular de la Subsecretaría de Finanzas.
El senador liberal, que actualmente se postula como uno de los candidatos presidenciales en las internas de su partido, dijo que la denuncia sobre supuesta malversación de fondos ya había sido elevada el año pasado. "Llamativamente lo reviven ahora, en época electoral, por orden de Lugo, que ve con preocupación lo que dicen las encuestas con respecto a nuestro movimiento", señaló.
Dijo luego que ya en setiembre de 2011, había elevado una nota al contralor Óscar Velázquez, solicitando que el órgano superior de control "ejerza su competencia constitucional y legal efectuando un requerimiento urgente a los responsables administrativos del MOPC de las documentaciones respaldatorias correspondientes". Alegre urgió de nuevo esa diligencia en enero pasado mediante otra nota elevada ante la CGR.
Una auditoría realizada al Ministerio de Obras sobre el ejercicio fiscal 2010, divulgada por responsables de la cartera, da a entrever que esa secretaría de Estado en esa época pagó más de G. 41.000 millones, supuestamente por obras de construcción, pero sobre las cuales no existiría ninguna documentación que respalde los millonarios desembolsos.
Este informe es a base de un trabajo de auditoría realizado por la Contraloría en el área Construcciones sobre una parte del presupuesto total manejado por dicha secretaría de Estado en el ejercicio mencionado y estuvo relacionado con desembolsos en el marco del programa de construcción de empedrados y mejoramiento de caminos rurales.
Allí se mencionan dos grupos de gastos que en total sumarían un daño patrimonial de G. 43.017.276.498. El primero de ellos refiere a que el MOPC durante la administración Alegre realizó pagos por un total de G. 41.719.247.739 sobre los que no existe documentación respaldatoria alguna.
El segundo grupo de gastos, los que sí están documentados en parte, salta una diferencia entre los documentos presentados y los pagos realizados por el MOPC. Los documentos sumados dan un valor menor que el dinero desembolsado por la cartera de Estado, lo que ha significado otro perjuicio de G. 1.298.028.753, expresaron las fuentes.
Contraloría hace notar que de la muestra analizada, el 26,64% del dinero desembolsado no tenía ningún tipo de documentación.
Explicaron que para saber a ciencia cierta cuánto dinero gastado no se ha documentado durante el año 2010 debería realizarse una auditoría del presupuesto total ejecutado en dicho periodo.
El informe elevado al contralor fue elaborado por la Dirección General de Control de Administración Central, integrada por Éver Otazo, Carlos Benítez Pesoa, Noemí Scavone y Marta de Sánchez.
Consultado Efraín Alegre sobre la grave acusación, respondió que todos los documentos están en el MOPC, pero que "llamativamente fueron retenidos por los nuevos gerentes del Ministerio de Obras Públicas". El ex subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Félix Bogado Tatter, y el ex director de Finanzas, Roberto Paredes, entregaron en la redacción del diario el listado de las empresas que cobraron sus certificados, las copias de las notas remitidas a la CGR y un archivo digitalizado de todas las facturas que fueron expedidas por las contratistas así como de las órdenes de pago emitidas.
"Presentó el detalle..."
"La Contraloría, quizás por falta de tiempo, ya no analizó en su momento los documentos respaldatorios mencionados, por lo que se incluyó en la comunicación de observaciones que fue realizada por el órgano de control al MOPC en el 2011, ya durante la administración de Cecilio Pérez Bordón. Consecuentemente, el descargo a las observaciones lo debió hacer la administración de Pérez Bordón", dijo el ex viceministro Juan Félix Bogado Tatter.
"No obstante, Efraín Alegre, en nota, presentó el detalle de toda la documentación requerida, con las solicitudes de transferencias de recursos y las facturas correspondientes, aclarando que toda la documentación se encontraba en el MOPC para su verificación por la CGR", concluyó el anterior titular de la Subsecretaría de Finanzas.