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A pesar de denuncias y pedidos de revisión de la convocatoria, calificada por la Cámara Paraguaya de la Industria del Software como “totalmente amañado y desproporcionado”, el titular del IPS, Fernando Silva Facetti, la ha justificado, tanto el monto como los “requisitos” de participación; y ordenó la continuidad del proceso, cuya adjudicación podría beneficiar a la empresa “de maletín” EGT (que supuestamente tiene su sede en Venezuela) del ciudadano venezolano David Uszcatelli, que durante la gestión de Fernando Lugo ganó importantes pero cuestionadas licitaciones.
Cabe recordar que Uszcatelli estableció una filial en nuestro país en 2011, y que con menos de dos años de antigüedad en Paraguay estaría ganando esta licitación, importante por el monto.
Para este llamado conforma el consorcio EGT-Q-Tec y Alta Finca, esta última presumiblemente vinculada con el siempre cuestionado diputado colorado, José Chamorro, que a su vez está vinculado con el consorcio Cevima-Renova, denunciado por explotar desvergonzadamente a unos 700 trabajadores para las tareas de limpieza, también para el IPS. Estos trabajadores son explotados porque no perciben ni el salario mínimo legal que les corresponde.
Cabe acotar que la Contraloría General de la República denunció graves irregularidades en la adjudicación de este servicio, así como la complicidad del IPS en la explotación de estos trabajadores, el pasado 12 de noviembre, a través de un examen especial.
Tremenda coima
El monto que maneja la licitación para la contratación del servicio para el desarrollo e implementación del sistema de información de gestión integral de Aporte Obrero-Patronal, Jubilaciones y Tesorería, es de US$ 7,6 millones, pero como el “producto” a ser entregado no vale siquiera el 50%, de acuerdo con los valores del mercado, los denunciantes estiman que el único justificativo sería una coima que orillaría los US$ 4 millones.
Oferente procesado
Otra elemento muy curioso de esta licitación es el hecho que el principal ejecutivo de una firma coreana, que también participa en consorcio con otras empresas, está siendo investigado por la fiscalía en su país de origen por graves delitos. De acuerdo a los datos, el Ministerio Público de Corea acusó al presidente del Grupo Hanwha, Kim Seung-yeon, (que para esta licitación del IPS se presentó en consorcio con IBPY $ SEIN), por desfalcar y malversar fondos de la compañía, dando fin a 140 días de investigaciones a uno de conglomerados más grandes controlados por una familia coreana.
Según el informe, la fiscalía también acusó a diez ejecutivos del grupo y contadores sospechosos de ayudar a Kim a amasar una fortuna de cientos de miles de millones de wons (moneda coreana) ilícitamente y evadiendo impuestos. Presumen que Kim y los diez han causado más de 640.000 millones de wons de daño financiero al grupo, mediante una serie de actividades presumiblemente ilegales.
La fiscalía alega que Kim malversó 320.000 millones de won de las filiales financieras del grupo para pagar por deudas de los más débiles. El presidente también es sospechoso de causar daños al grupo que rondan cerca de los 104.000 millones de won forzando a la empresa Hanwha S&C y Dongil Petroleum a vender sus acciones a sus tres hijos y a la hermana mayor a un precio más bajo que el precio de mercado.
Para evadir impuestos, Kim creó y manejó un fondo para sobornar, por más de 100.000 millones de wons, para abrir un total de 382 préstamos en cuentas bancarias, según la fiscalía, que asegura que Hanwha forzó a sus empleados a mentir a los investigadores y ocultó documentos internos en un invernadero en las afueras de Seúl para obstruir la investigación.
Continuarán estudiando el caso para destapar crímenes adicionales de los acusados y enjuiciar a más individuos implicados”.
Los detalles del llamado
La licitación pública internacional es la Nº 01/12, para la contratación de servicio para el desarrollo e implementación del sistema de información de gestión integral de Aporte Obrero-Patronal, Jubilaciones y Tesorería”. Presupuesto estimado: G. 32.500 millones, equivalentes a US$ 7,6 millones. Fecha de entrega de las ofertas: 11 de diciembre de 2012. Empresas que presentaron ofertas: Consorcio IBPY & Hanwha & SEIN; Consorcio EGT-QTEC-Alta Finca; Consorcio Infocenter-EDYDI y Tata Consulting (TCS Uruguay). Según denuncias, hay una fuerte presión de parte del director de Gestión de Bienes y Servicios, José Rodríguez, de adjudicar el proyecto al primero y segundo consorcios.