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El conocido abogado José Ignacio González Macchi, de ARA SA de Finanzas, confirmó ayer a nuestro diario en una entrevista telefónica desde el exterior que su empresa es una de las afectadas por la incapacidad de pagos en la que ha caído, ya desde finales de 2013, la empresa VIP Security SA, pero aclaró que están suficientemente cubiertos, tanto por el lado de las garantías como por fondos propios.
“Totalmente cubiertos, en el sentido de que podemos previsionar y responder por las necesidades que eventualmente puedan surgir sobre el monto”, dijo el profesional, dando a entender que desde ese punto de vista han cumplido con las normas vigentes en el sector, y aunque no quiso mencionar el dinero que está comprometido en el negocio que atañe a su financiera, aclaró que les corresponde un monto menor al de las demás instituciones financieras afectadas.
Al ser preguntado sobre los US$ 16 millones que se maneja como cifra global de este “agujero” financiero, González Macchi dijo que no estaba en condiciones de responder esa consulta ni dar los nombres de las otras financieras o bancos a los que debe VIP Security SA.
Tras aclarar que está en el exterior de vacaciones desde el 29 de diciembre pasado y al ser consultado sobre si es cierto que este problema ha sido tratado en conjunto por los acreedores, la fuente señaló que efectivamente están en diálogo con las otras entidades acreedoras. “Por lo menos hasta que yo salí del país, estaban las conversaciones hechas como para que los acreedores formemos una especie de consorciamiento” para afrontar o resolver este caso, expresó.
Además de ARA SA, los informes previos hablan de que la lista de acreedores incluye también a los Bancos Sudameris y Amambay (propiedad de Horacio Cartes), y algunos particulares, como el gerente general del último banco citado, Hugo Portillo, y supuestamente también el grupo González Daher.
Informes no confirmados indican que al parecer dos tercios de todo el monto en juego corresponderían justamente a fuentes de financiamiento que están fuera del sistema bancario. “De ese tema no tengo idea, no manejo esa cuestión”, fue la respuesta de González Macchi al respecto.
La empresa VIP Security SA tiene como principal accionista a Atilio Gómez Buongermini, cuya versión aún no hemos podido tener.
Sobre los motivos de esta situación fueron consultadas otras fuentes, pero no hay todavía confirmación sobre qué pudo haberle ocurrido a la compañía de seguridad en cuestión, aunque se cree que algunos de los financistas particulares le cortó la línea de crédito entre noviembre y diciembre pasados, e incluso se habla de que el Banco Amambay habría planteado una acción judicial por cobro de guaraníes al comenzar los atrasos en los pagos, lo que generó mayores dificultades financieras a la firma.
De estas cosas aún no hay certeza, y se espera que en las próximas horas la propia VIP Security SA aclare mejor la cuestión. Además de proveer seguridad, transporte de caudales y servicios anexos, la firma se dedica a la fabricación de vehículos blindados, justamente para el transporte de caudales.
Autoridades, de cerca
Las autoridades financieras están enteradas del caso generado a partir de las deudas de VIP Security y vigilan de cerca lo que pueda ocurrir, aunque en principio son operaciones aparentemente cubiertas con garantías suficientes, según fuentes técnicas cercanas al Banco Central del Paraguay (BCP), que dijeron no poder proveer mayores datos al respecto. Aclararon, sin embargo, que este caso no es de la misma naturaleza que el atribuido a Alberto “Tuti” Pereira Johannsen, que estalló en el 2011, pues ahí habría habido operaciones fraudulentas.