SANTIAGO. Con esta nueva legislación, los clubes deben designar a un jefe de seguridad que se haga cargo en cada partido de un perímetro de 1.000 metros cuadrados alrededor del estadio, espacio que deberán custodiar con personal propio para evitar infracciones a la ley.
Esta medida “evita que se tengan que destinar tantos efectivos policiales -más de 1.000 en los estadios grandes- a dichos eventos, tensando el ambiente y afectando la seguridad pública del resto de las personas que viven en la comuna donde se encuentra el recinto”, explicó el senador oficialista, Francisco Chahuán, uno de los impulsores de la ley.
“El Estado no tiene por qué subvencionar a estas organizaciones, que tienen fines de lucro, con la provisión de Carabineros para un partido de fútbol determinado. Tiene que haber policías, pero ello debe ser acotado y el resto, deben ser guardias privados, contratados por los propios clubes deportivos”, dijo por su parte el diputado opositor de la Democracia Cristiana, Matías Walker.
La iniciativa fue promulgada por el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter, en ausencia del presidente Sebastián Piñera -que está de visita oficial en Australia-, en una ceremonia en el palacio presidencial de La Moneda.
La ley hace además responsables a los clubes y subsidiariamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por los daños que se produzcan en partidos calificados de alto riesgo.
El vicepresidente Hinzpeter celebró que esta ley llegue “cuando aún no se produce un episodio de una tragedia masiva”.
“No son tantas las veces que las autoridades se anticipan, más bien vemos autoridades que reaccionan. En este caso, siento que nos estamos anticipando”, agregó Hinzpeter.
El nuevo texto legal busca frenar los actos de violencia que se cometen en los estadios por parte de grupos que habitualmente forman parte de las barras bravas de los equipos, que en la mayoría de los casos, reciben financiación y apoyo por parte de los clubes.
A partir de ahora, los clubes deberán identificar oficialmente a los miembros de sus barras con todos los datos personales.
Entre las medidas, también se incluyó el polémico decreto establecido por el ejecutivo meses antes, que prohibió el ingreso a los estadios de los característicos bombos para alentar a los equipos.
A juicio de la autoridad, los bombos son usados para esconder objetos contundentes e incitar las conductas violentas por parte de los hinchas durante los partidos.
Además, se castiga por primera vez la reventa de entradas, con multas de hasta 1.600 dólares, y la prohibición de asistir a espectáculos deportivos.