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El 29 de mayo de 1997 era sancionada en Paraguay la ley 1070, por la que se concedía a la Confederación Sudamericana de Fútbol la inviolabilidad de su local permanente. El proyecto había sido presentado durante los últimos meses de 1996 en el Parlamento, donde pasó sin mayores problemas por las dos cámaras. En aquella época, la sede de la CSF se encontraba todavía en construcción.
Con solo cuatro artículos, el Estado paraguayo le estaba dando al predio de una entidad deportiva el mismo nivel que una representación diplomática de la mismísima ONU. “La inviolabilidad dispuesta en esta Ley, tiene el mismo alcance que la establecida en las secciones 3 y 4 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, ratificada por Ley No. 11 del 19 de febrero de 1952”, se puede leer en el artículo 3 de la ley.
Es decir que los bienes de la Conmebol gozan de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación, y expropiación y contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Lo mismo ocurre con los documentos de la matriz del fútbol sudamericano.
Esto significa, por ejemplo, que si en Paraguay se abriera un proceso de lavado de dinero contra algún dirigente de la Conmebol y necesitara de realizar allanamientos en su predio o confiscar documentos de la misma, no lo podría hacer por más que existiera una orden judicial. Al menos no sin que antes se derogue la ley que data ya de hace casi dos décadas.
Nicolás Leoz, el paraguayo que está implicado en el caso de corrupción que salpicó a varios dirigentes de la FIFA, era el titular de la matriz del fútbol sudamericano cuando esta ley vio la luz hace 18 años. De hecho, el dirigente se jactaba hace un par de años en una entrevista con el diario argentino Olé que el caso de la Conmebol era único en el mundo.
“Y en el 98 inauguramos la sede, que es la única en el mundo que tiene inmunidad y privilegios totales. No puede ser registrada sin que sea derogada la Ley 1.070, aprobada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo”, decía Leoz en 2012 al diario argentino.
La inmunidad diplomática de la que goza la Conmebol no solo la protege de injerencias sino que le habilita para otras cuestiones más y el mismo Leoz era consciente de ello. “Se jugaba la Copa América de Bolivia en 1997, yo me enfermé y quedé internado en Bolivia. Un día me vino a visitar al hospital el presidente de la República (Juan Carlos Wasmosy), y le pregunté qué le parecía lo de la inmunidad... Y él me dijo: “Conseguite la Cámara de Senadores y de Diputados, y yo te firmo el decreto”. Y después recuerdo que me decían que iba a tener el privilegio de traer autos liberados... Pero no hemos traído ni un tornillo”, afirmaba en aquel entonces.
“No puede ingresar la Policía, ni un juez del crimen, nadie en tanto siga vigente la Ley 1.070. Pero nunca hemos solicitado nada”, sentenció.
Uno de los casos judiciales más recientes que troperazon con la inmunidad con la que cuenta la Conmebol fue el que involucró a la familia del fallecido exentrenador del Olimpia, Luis Alberto Cubilla.
Meses después de la muerte del técnico uruguayo, su familia seguía reclamando el cobro de una cantidad de dinero que le debía el Olimpia y que la justicia paraguaya ya había dictaminado que se le debía pagar. En ese entonces, el representante legal de la familia Cubilla había conseguido que se embargara parte del dinero que había ganado el Decano por su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, la matriz del fútbol paraguayo les respondió diciendo que no les podían dar acceso al dinero pues ellos no trataban con personas o con clubes, sino que directamente lo hacían con las asociaciones nacionales.
El letrado explicó que se desoyó el embargo y que la Conmebol prácticamente se declaró incompetente para cumplir la orden judicial. Aquella oportunidad el abogado explicó que la ley 1.070/97 además de la inmunidad de su sede, otorgaba a la matriz del fútbol sudamericano inmunidad sobre los fondos que maneja.
Así las cosas, la Justicia paraguaya no podría, por más que quisiera, pedir un solo documento a la Conmebol si deseara investigar por su cuenta las acusaciones de corrupción que pesan sobre antiguos y actuales dirigentes de la matriz del fútbol sudamericano. Y si quisiera hacerlo, debería esperar a que cumpla el engorroso trámite de la derogación de una ley que podría llevar incluso meses, tiempo que fácilmente podría ser utilizado para destruir o esconder cualquier documento.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano