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Además de dilapidar los fondos públicos, este caso se trataría de un "pago de favores" con la plata de la gente, ya que esa consultora pertenece al abogado del gerente general de Petropar, quien recientemente le "consiguió" un sobreseimiento definitivo.Uno de los propietarios de la firma "Promesur Consultora SA" es el abogado José Domingo Almada Roig (ver facsímil de la constitución de la empresa, realizada ante la escribana Rosa de los Milagros Arrúa Gauto). El otro propietario es su hermano.
Almada Roig fue quien representó a Félix Gerardo von Glasenapp, gerente general de Petropar, en la causa en la que fue imputado por lesión de confianza por el millonario pago sobrefacturado que realizó Petropar a la proveedora Vitol SA, a través del cual el ente perdió US$ 1.860.000.
Es el mismo abogado que se acordó, luego de varios meses, que era "amigo" del fiscal de la causa, Eduardo Cazenave, y presentó una recusación "por amistad" un día antes del escrito conclusivo que debió presentar el agente fiscal.
Coincidentemente, la empresa "Promesur Consultora SA" fue contratada en noviembre de 2010 por Petropar para una tarea tan absurda, como es la de informarle sobre su rol, a pesar de que su propia Carta Orgánica (Ley Nº 1182/85) detalla el rol que corresponde a esta empresa estatal.
Es más, ningún informe de este tipo podría servir mucho, ya que no puede alterar lo que se establece en la Carta Orgánica, por lo que no tiene sentido dilapidar los fondos públicos de una empresa que además está en quiebra y que sigue cargando sobre la ciudadanía el peso de su inoperancia, de su mal manejo y de la corrupción que la carcome.
Por contrato Nº 440/10
El documento por el cual Petropar adjudicó a dicha consultora corresponde al contrato PR N° 440/10, del 30 de noviembre, con un plazo de vigencia de 120 días. Se trató de una licitación por concurso de ofertas N° 23/2010, denominada "Contratación de servicios de consultoría de rol y delineamientos estratégicos para Petróleos Paraguayos (Petropar)", por un monto de G. 204.204.000. Llamativamente fue también la única oferente.
En la página 4 del pliego de bases y condiciones se destaca el alcance de la consultoría. Refiere que la misma es necesaria, "dada la actual situación de Petropar y la necesidad de implementar acciones inmediatas que ayuden a revertir las observaciones realizadas por el Consejo de Empresas Públicas como ser: Una política de precios que aún no se ha implementado y, el logro del incremento del margen neto de Petropar".
Añade que en la realización de su trabajo la oferente deberá efectuar un diagnóstico de la situación de la empresa, para que identifique un conjunto de acciones a niveles empresarial, legal, político y comunicacional que deben implementarse en forma inmediata y redunden en una importante mejora de la situación económico-financiera de Petropar. Nada de esto se cumplió porque fue de nuevo la ciudadanía la que tuvo que solventar con la suba del gasoíl las desprolijidades del ente.
Por si todo fuera poco, y como ya venció el contrato, la asesoría jurídica, a cargo de Adolfo Ferreiro, ya dio "su visto bueno" para que el presidente del ente autorice una nueva adjudicación a la misma consultora.
Almada Roig fue quien representó a Félix Gerardo von Glasenapp, gerente general de Petropar, en la causa en la que fue imputado por lesión de confianza por el millonario pago sobrefacturado que realizó Petropar a la proveedora Vitol SA, a través del cual el ente perdió US$ 1.860.000.
Es el mismo abogado que se acordó, luego de varios meses, que era "amigo" del fiscal de la causa, Eduardo Cazenave, y presentó una recusación "por amistad" un día antes del escrito conclusivo que debió presentar el agente fiscal.
Coincidentemente, la empresa "Promesur Consultora SA" fue contratada en noviembre de 2010 por Petropar para una tarea tan absurda, como es la de informarle sobre su rol, a pesar de que su propia Carta Orgánica (Ley Nº 1182/85) detalla el rol que corresponde a esta empresa estatal.
Es más, ningún informe de este tipo podría servir mucho, ya que no puede alterar lo que se establece en la Carta Orgánica, por lo que no tiene sentido dilapidar los fondos públicos de una empresa que además está en quiebra y que sigue cargando sobre la ciudadanía el peso de su inoperancia, de su mal manejo y de la corrupción que la carcome.
Por contrato Nº 440/10
El documento por el cual Petropar adjudicó a dicha consultora corresponde al contrato PR N° 440/10, del 30 de noviembre, con un plazo de vigencia de 120 días. Se trató de una licitación por concurso de ofertas N° 23/2010, denominada "Contratación de servicios de consultoría de rol y delineamientos estratégicos para Petróleos Paraguayos (Petropar)", por un monto de G. 204.204.000. Llamativamente fue también la única oferente.
En la página 4 del pliego de bases y condiciones se destaca el alcance de la consultoría. Refiere que la misma es necesaria, "dada la actual situación de Petropar y la necesidad de implementar acciones inmediatas que ayuden a revertir las observaciones realizadas por el Consejo de Empresas Públicas como ser: Una política de precios que aún no se ha implementado y, el logro del incremento del margen neto de Petropar".
Añade que en la realización de su trabajo la oferente deberá efectuar un diagnóstico de la situación de la empresa, para que identifique un conjunto de acciones a niveles empresarial, legal, político y comunicacional que deben implementarse en forma inmediata y redunden en una importante mejora de la situación económico-financiera de Petropar. Nada de esto se cumplió porque fue de nuevo la ciudadanía la que tuvo que solventar con la suba del gasoíl las desprolijidades del ente.
Por si todo fuera poco, y como ya venció el contrato, la asesoría jurídica, a cargo de Adolfo Ferreiro, ya dio "su visto bueno" para que el presidente del ente autorice una nueva adjudicación a la misma consultora.