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Tras las publicaciones de ABC Color sobre el escándalo en la compra de las tierras de Teixeira por US$ 31,6 millones, altos funcionarios del Gobierno, en un intento por ocultar la gran estafa que estuvo a punto de consumarse en contra del Estado, manifiestan ahora que el proceso de compra no comienza todavía y que recién ahora se iba a iniciar a través de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el 1 de octubre de este año, el mismo día en que la junta asesora aprobó la compra, el Indert anunciaba que la propiedad ya había sido adquirida.Siguiendo con las investigaciones del escándalo Teixeira, ABC Color llegó a publicar la entrevista con el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Ing. Max Rejalaga, quien aseguró que el proceso de compra de la estancia "Paso Kurusu", de Ulisses Rodrigues Teixeira, jamás pasó por dicha dependencia, lo que supone una clara violación a la Ley de Contrataciones Públicas, hecho que se sumaba a la serie de irregularidades ya denunciadas por nuestro diario sobre este caso.
En dicha publicación, Rejalaga afirmó que para él el proceso de compra de las tierras de Teixeira no había empezado porque ni siquiera se formuló el pedido. Curiosamente, a partir de ese momento los directamente involucrados en este escándalo comenzaron a decir que, de hecho, no se podía hablar de irregularidades ni de ilegalidades ya que el proceso de compra ni siquiera había comenzado.
El mismo titular del Indert, Alberto Alderete, sostuvo que las denuncias de nuestro diario eran infundadas, ya que el proceso de adquisición de las tierras de Teixeira no había comenzado y mucho menos tuvo conclusión dentro de su institución.
Asimismo, el Lic. Arturo Bogado, coordinador general de Contrataciones del Indert, sostuvo que al no dictarse la resolución de la Presidencia que da por acreditado el supuesto de excepción establecido en el Artículo 33 de la Ley 2051/03, condición fundamental para la continuidad del procedimiento, ni siquiera se ha dado inicio al proceso de contratación por parte del Indert para la adquisición del inmueble ofertado, requisito esencial para el comienzo del proceso de contratación y comunicación a la DNCP.
La mentira
Lo que olvidaron estos funcionarios es el documento que el propio Indert emitió el 1 de octubre de este año, el mismo día que la junta asesora y de control de gestión aprobó la compra de las tierras de Teixeira y en donde anunciaban ya la instalación de 2.000 familias en la estancia Paso Kurusu.
Dicho documento señala textualmente: "el proyecto Mariscal López (ex Paso Kurusu, o ex Teixeira)", o sea, refiriéndose como que dichas tierras habían pertenecido ya en el pasado a Ulisses Rodrigues Teixeira y como que en el presente ya pertenecen al Indert.
Es más, en otra parte el documento sostiene: En el proceso de alcanzar este propósito -el proyecto Mcal. López-, el primer paso dado por el Indert fue la adquisición de la propiedad, lo que representa una inversión de G. 155.014.300.000, considerando que cada hectárea tiene un costo de G. 7.100.000.
Es decir, el Indert ya daba como hecho consumado la compra del inmueble e incluso el valor por el cual se adquirió la propiedad que el tipo de cambio actual da unos 31,6 millones de dólares. El mismo monto que el presidente Fernando Lugo había acordado con Rodrigues Teixeira y Eulalio López en octubre del año pasado en un acuerdo secreto divulgado luego por ABC Color.
Recordemos que en este caso, así como en el recordado caso de los sesameros (US$ 8 millones), quien estuvo desde un principio anunciando y defendiendo la compra fue el jefe de gabinete de Lugo, el superministro Miguel López Perito.
Asimismo, se tuvo la participación del ministro de Hacienda, Dr. Dionisio Borda, quien ordenó a su presentante en la junta asesora del Indert el voto a favor de la compra del inmueble.
En dicha publicación, Rejalaga afirmó que para él el proceso de compra de las tierras de Teixeira no había empezado porque ni siquiera se formuló el pedido. Curiosamente, a partir de ese momento los directamente involucrados en este escándalo comenzaron a decir que, de hecho, no se podía hablar de irregularidades ni de ilegalidades ya que el proceso de compra ni siquiera había comenzado.
El mismo titular del Indert, Alberto Alderete, sostuvo que las denuncias de nuestro diario eran infundadas, ya que el proceso de adquisición de las tierras de Teixeira no había comenzado y mucho menos tuvo conclusión dentro de su institución.
Asimismo, el Lic. Arturo Bogado, coordinador general de Contrataciones del Indert, sostuvo que al no dictarse la resolución de la Presidencia que da por acreditado el supuesto de excepción establecido en el Artículo 33 de la Ley 2051/03, condición fundamental para la continuidad del procedimiento, ni siquiera se ha dado inicio al proceso de contratación por parte del Indert para la adquisición del inmueble ofertado, requisito esencial para el comienzo del proceso de contratación y comunicación a la DNCP.
La mentira
Lo que olvidaron estos funcionarios es el documento que el propio Indert emitió el 1 de octubre de este año, el mismo día que la junta asesora y de control de gestión aprobó la compra de las tierras de Teixeira y en donde anunciaban ya la instalación de 2.000 familias en la estancia Paso Kurusu.
Dicho documento señala textualmente: "el proyecto Mariscal López (ex Paso Kurusu, o ex Teixeira)", o sea, refiriéndose como que dichas tierras habían pertenecido ya en el pasado a Ulisses Rodrigues Teixeira y como que en el presente ya pertenecen al Indert.
Es más, en otra parte el documento sostiene: En el proceso de alcanzar este propósito -el proyecto Mcal. López-, el primer paso dado por el Indert fue la adquisición de la propiedad, lo que representa una inversión de G. 155.014.300.000, considerando que cada hectárea tiene un costo de G. 7.100.000.
Es decir, el Indert ya daba como hecho consumado la compra del inmueble e incluso el valor por el cual se adquirió la propiedad que el tipo de cambio actual da unos 31,6 millones de dólares. El mismo monto que el presidente Fernando Lugo había acordado con Rodrigues Teixeira y Eulalio López en octubre del año pasado en un acuerdo secreto divulgado luego por ABC Color.
Recordemos que en este caso, así como en el recordado caso de los sesameros (US$ 8 millones), quien estuvo desde un principio anunciando y defendiendo la compra fue el jefe de gabinete de Lugo, el superministro Miguel López Perito.
Asimismo, se tuvo la participación del ministro de Hacienda, Dr. Dionisio Borda, quien ordenó a su presentante en la junta asesora del Indert el voto a favor de la compra del inmueble.