Acorralado por el examen de correspondencia a su patrimonio, el presidente Santiago Peña alteró cifras de sus declaraciones juradas sobre la marcha e introdujo bienes ocultos mediante una “nota aclaratoria” a la Contraloría General de la República (CGR). Pese a la gravedad de modificar una declaración en pleno análisis, el ente conducido por Camilo Benítez aceptó el “retoque” en silencio, evitó sancionar al mandatario y blanqueó el bache un mes antes de enviar el dictamen al Ministerio Público.