Las cifras de violencia “gritan” en Honduras, donde el estado de excepción, una medida prorrogada hasta el 5 de julio, “no ha podido disminuir” los homicidios y otros delitos, subrayó a EFE la activista hondureña Hedme Castro.
El uso prolongado del estado de excepción "es una violación a los derechos humanos", pues la medida suspende algunas garantías constitucionales, lo que estaría siendo utilizado para criminalizar a las personas más pobres, señaló.
Castro, quien es directora de la ONG Asociación para una Ciudadanía Participativa, una organización con más de una veintena de años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Honduras, cree que las autoridades deben buscar otras alternativas que les permitan garantizar la seguridad a la población.
La activista exigió la derogación del régimen de excepción en Honduras, donde organizaciones registraron en 2023 siete casos de desaparición forzada, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y tratos crueles, y uno de violencia sexual.
Desde su implementación el 6 de diciembre de 2022, se contabilizan "alrededor de 500 quejas contra policías", dijo el 3 de mayo el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien defendió que la medida ha permitido incautar más de 8.700 armas de fuego y reducir en un 22 % los homicidios.
"La incautación de armas de fuego y la reducción en la tasa de homicidios demuestra que (el estado de excepción) es muy efectivo", subrayó el alto oficial.
La medida ha permitido además detener a 32.288 personas y ejecutar 10.300 órdenes de captura, según datos oficiales.
Medida estigmatiza a pobres
Para el analista Saúl Bueso, en Honduras se ha "malgastado el dinero y el tiempo" en un estado de excepción que no ha dado los resultados esperados, pues el país continúa registrando altos niveles de violencia.
La medida "le resta muchos derechos al ciudadano", sostuvo Bueso, quien señaló que el régimen de excepción ha servido solo para "estigmatizar" a muchas personas pobres.
Bueso coincide con otros analistas en que Honduras debe derogar la medida de excepción y adoptar una política pública de seguridad que establezca "los caminos a seguir" para combatir la pobreza, la violencia, crear oportunidades de empleo y garantizar una educación y salud de calidad.
"Si algo no ha dado resultado, no tiene sentido, ya debió suspenderse y que los entes del Estado se sienten a elaborar una política pública desde cero", enfatizó el analista.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha registrado 440 denuncias contra policías y militares "por abusos", y al menos 60 masacres que han dejado 260 personas muertas, en el marco del estado de excepción.
Desmilitarizar la seguridad
La medida se ha "desnaturalizado" y otorga a policías y militares "amplias facultades" para determinar los criterios para detener a una persona y allanar una casa sin una orden judicial, señaló a EFE el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.
La recurrencia de la medida genera "una grave preocupación" porque pone en "riesgo la vida, la integridad y todos los derechos" de la población ante la supuesta implicación de policías y soldados en casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos, enfatizó Mejía.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el pasado jueves su "preocupación" por la participación de militares en tareas de seguridad tras la adopción del régimen de excepción.
En su informe sobre la "visita in loco" que hizo a Honduras en 2023, divulgado la semana pasada, la CIDH instó a las autoridades a implementar un plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y adoptar una política pública nacional de seguridad integral con enfoque de derechos humanos.