El director ejecutivo de Vodafone Portugal, Mário Vaz, explicó que el ataque se produjo este lunes a las nueve de la noche (hora local) y afectó a los servicios basados en redes de datos, principalmente 4G y 5G, voz fija, televisión, SMS y contestador de voz/digital.
Vaz, quien informó hoy en una rueda de prensa de que la compañía denunció el incidente a la Policía Judicial lusa, aclaró que no hay "ningún indicio de que haya acceso o corrupción de los datos de los clientes".
"No es un ataque dirigido a los sistemas. Es un ataque dirigido a la red con el propósito, seguramente voluntario, intencional, de dejar a nuestros clientes sin cualquier servicio", añadió.
El ejecutivo precisó que el ataque buscaba no solo inhabilitar el servicio, sino complicar el proceso de recuperación.
Explicó que la prioridad fue restablecer los servicios de voz y datos móviles en 3G en casi todo el país, aunque matizó que esta red tiene poca capacidad en comparación con los servicios habituales.
Vaz admitió que no puede todavía concretar cuándo se restablecerá el servicio con normalidad y afirmó que es el primer ataque de esta magnitud sufrido por la entidad en el país, aunque Vodafone recibe ataques constantemente que puede combatir su departamento de ciberseguridad.
La compañía cuenta con importantes clientes lusos, como el Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM), bomberos o entidades bancarias, que tuvieron que usar los servicios mínimos de Vodafone o recurrir a otras compañías para poder operar.
La Policía Judicial confirmó posteriormente en un comunicado que abrió una investigación criminal e informó de que ha realizado contactos con sus congéneres internacionales, sin especificar cuáles, "para recoger más y mejor información".
"La dimensión global del ciberespacio ha potenciado el aumento de este tipo de ataques que, por regla, asumen una dimensión internacional", señaló la Policía, que explicó que todavía "subsisten dificultades" en el sector público y privado por este incidente.
Este ataque se produce un mes después del perpetrado contra el Grupo Impresa, propietario del diario "Expresso" y el canal SIC.