23 de noviembre de 2024
La Corte hizo lugar a una inconstitucionalidad promovida por 18 funcionarios judiciales contra la Ley Nº 5033/13 y contra resoluciones de la Contraloría, que obligan a los trabajadores del Estado a proveer los datos personales de parientes, informar sobre sus activos y pasivos y autorizar la apertura y verificación de sus cajas de seguridad.