Atendiendo a que la semana pasada el plan de ley se aprobó en general, pero se postergó por una semana el estudio en particular (ya que no pasó por las principales comisiones), se espera que esta semana se defina cuál de los dos proyectos tendrá la media sanción, siendo el más controvertido, pero también con más chances de ser aprobado el del Poder Ejecutivo.
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El proyecto de la Presidencia del país establece que como requisito excluyente para acceder al monitoreo mediante dispositivos electrónicos, el procesado o condenado tenga dinero para costear mensualmente el servicio, y no agrega posibilidad alguna de que en el caso de insolvencia el Estado asuma el costo.
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Esto haría que solo personas con recursos accedan al beneficio y todo aquel que está enjuiciado y que no tiene para pagar por el dispositivo siga en penales colapsados.