Ante el anuncio de la visita del subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mark Wells, el Ministerio Público informó que ya el 12 de agosto pasado había dado apertura a una investigación contra el vicepresidente Hugo Velázquez por presunto cohecho pasivo agravado (coima).
En dicha fecha, Estados Unidos había designado como “significativamente corruptos” a Velázquez y a un colaborador cercano suyo, Juan Carlos Duarte.
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Llamativamente, el 12 de agosto, un comunicado de la Fiscalía solo informó que la fiscala general, Sandra Quiñónez, dispuso que la agente adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, analice dichos elementos expuestos por la Embajada de los Estados Unidos. En ningún momento, habían revelado que ya había una investigación en curso.
Incluso, el propio vicepresidente manifestó que tras consultar con el Ministerio Público le habían informado que no había pesquisa sobre las acusaciones en su contra.
“Contradicción” por parte de Fiscalía
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), exfiscala y especialista en asuntos penales, refirió que existe una “contradicción” entre los hechos y la información brindada desde la Fiscalía. Agregó que el Ministerio Público es el órgano encargado de explicar lo que realmente ocurrió en cuanto a la investigación abierta contra Velázquez.
Así también, manifestó que resulta importante que la Fiscalía informe sobre los indicios que se tuvo en cuenta para dar inicio a la pesquisa por el presunto soborno.
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“Es sumamente importante saber cuáles son los indicios que tuvo en cuenta el Ministerio Público, las situaciones fácticas o los hechos, como dice el Código Penal, parar dar lugar a la apertura de la causa. Me imagino que eso se subsume en las disposiciones relativas a lo que había señalado desde la Embajada que hubo un soborno”, sostuvo.
Igualmente, Vallejo refirió que será importante la colaboración de los Estados Unidos en la investigación.
Soborno para obstruir investigación
El Departamento de Estado de EE.UU. acusó al vicepresidente Velázquez de ofrecer un soborno de US$ 1 millón a un funcionario para obstruir una investigación en su contra.
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El segundo del Ejecutivo había anunciado que renunciaría al cargo de forma inminente, pero hasta hoy día se aferra a este, alegando que no existe investigación en su contra en Fiscalía ni en los Estados Unidos.