En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, habló sobre la inminente implementación de tobilleras electrónicas en personas con arresto domiciliario u órdenes de alejamiento, que debería comenzar el próximo lunes.
El ministro Nicora indicó que las tobilleras serán una herramienta adicional que los jueces de garantías y de ejecución penal del Poder Judicial tendrán disponible y opinó que tendrán el efecto positivo de “evitar que gente ingrese innecesariamente” al sistema penitenciario, además de otorgar un “elemento de seguridad” adicional a las víctimas de casos de violencia intrafamiliar.
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Serán precisamente los casos de violencia familiar los que se tendrán en cuenta con mayor énfasis en la primera fase de implementación de las tobilleras, indicó, ya que los dispositivos no solo permitirán controlar que el denunciado no rompa el cerco perimetral de su domicilio, sino también dará aviso a las víctimas si el cerco fue roto y si la persona denunciada está cerca de ellas.
Más allá de ofrecer mayor seguridad a las víctimas de violencia familiar, el ministro Nicora enfatizó que la implementación de las tobilleras también busca “descongestionar” el sistema penitenciario permitiendo que algunas personas procesadas puedan litigar desde reclusión domiciliaria con un mayor grado de control de cumplimiento de esa medida alternativa a la prisión preventiva.
“La persona no ingresa al sistema a contribuir con el hacinamiento”, dijo el ministro. “Le sale más barato al Estado tenerle en su casa a esa persona”.
“Beneficiarios” deberán cubrir el costo
La implementación de las tobilleras electrónicas estará a cargo del Ministerio del Interior y se controlará por medio del sistema 911 de la Policía Nacional.
Sin embargo, la imposición de las tobilleras será decisión de los jueces penales de garantías o de ejecución penal del Poder Judicial.
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El plan del Gobierno es adquirir mil tobilleras e implementar el sistema de forma gradual, comenzando con unas 20 en Asunción y expandiendo progresivamente su uso al resto del territorio nacional.
El costo del uso de las tobilleras, adquiridas de una empresa privada, asciende a más de dos millones de guaraníes por mes y correrá por cuenta del “beneficiario”, la persona bajo arresto domiciliario, salvo casos en que esta sea insolvente. En esos casos, según decida un juez, el Estado cubrirá el costo.