La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, presentó su requerimiento conclusivo acusatorio contra un total de 19 personas, procesadas en el marco del operativo “Brillante”. Al mismo tiempo, solicitó la elevación de la causa a la instancia de juicio oral y público al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
Entre los acusados están los funcionarios de Dirección Nacional de Aduanas (DNA): Juan Carlos Samudio Legal (del puesto móvil de Ciudad del Este), Hugo Mario González Ovelar (agente especial investigador, del puesto de Trinidad), Rafael Portillo (puesto de control de Itapúa), Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz (puesto Itá Enramada), Saúl Daniel Alarcón Moline (puesto de Vista Alegre), Ángel Enmanuel González Cáceres (puesto de Tavapy), Alberto Ledesma Sánchez y Víctor Alfredo Duarte Caballero (puesto de Chaco´i).
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Otro funcionario aduanero que fue imputado al inicio del caso fue José Bautista Ramírez Vera, pero falleció en agosto de este año, por lo que el Ministerio Público solicitó la extinción de la acción penal en su contra.
También los secretarios de los aduaneros Concepción Olmedo Giménez, Abel Enrique Armoa Pereira, Pedro Carlos Delvalle Marecos, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez y Adalberto Figueredo Vázquez. Si bien estas personas no eran funcionarias de la DNA, actuaban como secretarios de funcionarios de dicha institución.
Así también se citan a los policías José Isaac Lesme Mendoza, Jorge Antonio Céspedes Zarza y Osvaldo Zaracho Vera, quienes en el periodo investigado estaban comisionados a la Dirección Nacional de Aduanas, cumpliendo el rol de seguridad interna y en el caso de Céspedes Zarza, era custodio de Ramón Benítez. También están los comerciantes, Claudio Gustavo Samaniego Gómez y Luis Rodrigo Panza Vera, alias Panza.
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En el marco de esta causa, ya había sido acusado el Gral. (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, exjefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave) y ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Este hombre, según la hipótesis del Ministerio Público era quien encabezaba un esquema de cobro de coimas para la liberación de productos de contrabando que caían en los distintos puestos de control del terrotorio Naiconal.
Sin embargo, ese juicio sigue postergandose debido a una acción de inconstitucionalidad contra el auto de apertura a juicio, que fue planteada por la defensa de Benítez. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a dicho incidente y en consecuencia, debe pronunciarse al respecto.
Funcionarios operaban y coordinaban cobro de coimas, según la Fiscalía
Según detalla la acusación fiscal, los funcionarios de Aduana fueron acusados por los hechos punibles de contrabando agravado, en calidad de co-autores, y cohecho pasivo agravado, también en calidad de co-autores.
En ese sentido Juan Samudio, Hugo González, Rafael Portillo, Rafael Coronel, Saúl Alarcón, Ángel González, José Ramírez, Alberto Ledesma y Víctor Duarte, como encargados cada uno de sus puestos de control, eran a su vez quienes coordinaban ahí la verificación y liberación de mercaderías con los contrabandistas, además de exigir sumas de dinero que entregaban posteriormente a Ramón Benítez, en su domicilio.
En el caso de Alberto Ledesma, además de las conductas descritas, habría sido quien obtuvo la información relacionada a que un hombre y un mujer estarían llegando de Panamá a Paraguay, con dos maletas que se creía que contenían oro y, proveyó el dato a Porfirio Figueredo para que esta persona , con su gente, siguiera a la pareja, la intercepte y les cobren sumas de dinero. Para el efecto, proveyó una fotografía de uno de los autos que transportarían las joyas, así como las características de ambos vehículos y el horario de llegada al país por el aeropuerto Silvio Pettirossi. De aquí el nombre del operativo: Brillante.
Sobre los secretarios Concepción Olmedo, Abel Armoa, Pedro Delvalle, Javier Acosta, Silvino Olmedo y Adalberto Vázquez, recaen las figuras de contrabando simple en calidad de co-autores, esta figura se excpetúa en el caso de Delvalle al no contar con elementos de prueba en su contra, y, cohecho pasivo agravado, como cómplices.
En este sentido, los hermanos Concepción y Silvino Olmedo trabajaban conjuntamente. Tenían un comercio dedicado al pago de servicios como boca de cobranza, recibiry remitir sumas de dinero a través de Tigo Money. Así, recepcionaba en su línea telefónica y otras más que utilizaba, las sumas de dinero provenientes de los pagos por coimas.
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Por su parte, Abel Armoa, al ser secretario del acusado Oscar Samudio, era quien reportaba las actividades del puesto de control de Vista Alegre a su jefe, y también requería y recibía los pagos encomendados por Samudio; Pedro Delvalle, fungía de secretario particular de Rafael Portillo y se ocupaba de realizar transferencias de dinero a través de Banco Interfisa o giros de dinero a Sergio Garay, secretario del coordinador Ramón Benítez.
Por otra parte, Javier Acosta, también era secretario de Oscar Samudio, además informaba también a Blas Cabañas sobre operativos de negociación de coima, y percibía por parte de conductores que se acercaban a los puestos, por orden de Samudio, dinero para dejar pasar sus mercaderías sin retenerlas. En tanto que, Adalberto Figueredo, hermano de Porfirio Figueredo, tuvo conocimiento y participación en un procedimiento irregular en el Puesto 49 en el Centro de Caaguazú, relacionado a 30 kilos de platería.
Policías también están acusados por coima
La fiscala Belinda Bobadilla acusó a los policías José Lesme, Osvaldo Zaracho y Jorge Céspedes, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, en calidad de co-autores. En el caso del primero, se tienen datos de que fue asignado al puesto de Cruce Carolina y por orden de Fredi Gauto transportó sumas de dinero provenientes de pago por coimas e hizo entrega al Gral. Ramón Benitez, a través de su hija.
En cuanto al segundo acusado, Osvaldo Zaracho, asignado al puesto de Vista Alegre, contribuyó en el retiro de un sobre de dinero, por orden de Oscar Samudio, quien le indicó que fuera a cobrar a la señora de la camioneta roja que se encontraba en la balanza; y por Jorge Céspedes, como custodio, tenía conocimiento de las situaciones de percepción de sumas de dinero por parte de Benítez.
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Mientras que en el caso de los comerciantes, sobre Claudio Samaniego, se tiene que mantuvo comunicaciones telefónicas con Oscar Samudio, para que este funcionario autorizara el paso de contenedores grandes y pequeños y la no retención de sus rodados con mercaderías de contrabando, a cambio del pago de sumas de dinero. Por esto fue acusado por contrabando simple y soborno agravado.
Y por último, Luis Panza, era uno de los contactos de Oscar Samudio. Según los datos obrantes en la acusación, en abril de 2019, realizó de manera directa y personal pagos en el puesto de control Vista Alegre a un secretario de Oscar Samudio y por indicación de éste. Por ello fue acusado por contrabando simple y soborno agravado.
Así hablaban de las recaudaciones
Mediante las intervenciones de las llamadas telefónicas, se pudo constatar que el aduanero Juan Samudio se comunicó el 29 de marzo de 2019 con Ramón Benítez, a fin de coordinar la entrega del dinero recaudado esa semana.
En ese entonces, el jefe de Control de Hernandarias, Baldomero Barrios (acusado), también habló con Benítez, quien le consultó cuánto dinero reunieron, a lo que Barrios le dijo que “diez informes”, haciendo alusión a la suma de G. 10 millones.
En ese tiempo, Benítez había pedido no hablar tanto de esas cuestiones por línea telefónica, porque no era segura.
El 18 de abril Samudio le avisó a Benítez que estaba por llegar a su casa para “dejar la chipa”, refiriéndose a G. 18 millones.
Por otra parte, Hugo González le había entregado “documentos” a Sergio Daniel Garay Lugo, secretario de Ramón Benítez. De hecho, Garay le avisó a su jefe de ello el 6 de abril de 2019.
El 12 de abril, González se comunicó con Benítez y este último le dijo que coordinara con Sergio Garay el tema de los “expedientes” y “actas” para corroborar. Ese día, le entregó al general G. 7.000.000.
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El 17 de abril, el imputado José Lesme entregó US$ 2.500 a Ramón Benítez, por instrucciones del también acusado Fredi Gauto, que previamente le avisó que enviaba “los expedientes”.
El acusado Alberto Andriotti, por otra parte le llamó a Benítez, pero le atendió Jorge Céspedes, exguardia del general, quien le dijo que tenía un trabajo para él.
El 27 de marzo Andriotti logró hablar con Benítez y le dijo que tuvieron “un trabajito lindo” que describió como “lorito piré”, en alusión al color del plumaje del loro y en referencia al dólar americano. Luego le comunicó que obtuvo “milqui”, por US$ 1.500. Además le dijo que le enviaría a su hermano “con el mismo expediente de siempre”. El dinero recibido era anotado por Benítez en una agenda, con fecha y de dónde provenía.
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Senador habría pedido liberar carga
De acuerdo con las escuchas obtenidas por el Ministerio Público, pero en relación a los ya acusados Óscar René Samudio Vargas y Blas Roberto Cabañas, estos habrían intercedido para liberar una mercadería que fue retenida y pertenecía a un pariente del entonces senador Rodolfo Max Friedmann Alfaro (ANR), procesado en el caso conocido como “merienda escolar”.
Según consta en el escrito fiscal, Óscar Samudio dio aviso a Blas Cabañas que cayó en el Puesto de Control de Vista Alegre una mercancía perteneciente a un pariente de Friedmann.
Samudio le consultó en ese sentido a Cabañas si había forma de arreglar con un acta y devolver la mercadería, dado que se comunicó el secretario privado (de Friedmann) diciendo que era para un cumpleaños de su movimiento político.
Sin embargo, Cabañas le propuso cambiar la mercadería incautada, pero le advirtió a Samudio que tenían que atender con las cámaras de Vista Alegre.
Posteriormente, siempre según el acta de imputación, Cabañas dio la instrucción de colocar las mercaderías consistentes en 25 botellas de bebidas alcohólicas, en bolsas negras ya que en ellas no se visualizaba su contenido.
Luego Samudio le dijo a Cabañas que le iba a pedir a “Javier”, por el ahora imputado Javier Acosta Lovera, para llevar a cabo el cambio de mercadería. Además, agregó Samudio que a Acosta lo acompañarían otros tres secretarios y un sujeto conocido como “Murdock”, que sería un funcionario de la Fiscalía de nombre Juan Ramón Gauto.
En otra comunicación, pero esta vez por mensaje de texto, Óscar Samudio le manifestó a Blas Cabañas que el senador Friedmann le agradeció por el favor que le hicieron.
Los funcionarios de Aduanas posteriormente liberaron el producto que había sido retenido, incluso sin que se labre acta alguna.