Tobilleras electrónicas: proceso de licitación ya está en marcha, según la Policía

El director del Sistema 911 de la Policía Nacional comentó que ya está en proceso el llamado a licitación para la compra del servicio de tobilleras electrónicas para monitorear a personas con prisión domiciliaria u órdenes de alejamiento. Las autoridades planean implementar el uso de 20 tobilleras por mes durante lo que queda del año.

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En conversación con ABC Color este jueves, Hernán Escobar, director del Sistema 911 de la Policía Nacional, comentó que ya comenzó el proceso para llamar a licitación para la compra del servicio de tobilleras de rastreo para personas con medidas de prisión domiciliaria u órdenes de alejamiento.

Escobar indicó que el pliego de bases para el llamado ya fue remitido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para su aprobación y posterior publicación.

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Explicó que el Estado paraguayo no comprará las tobilleras en sí, sino todo el servicio de operación de las mismas. En el marco de la licitación está prevista la instalación de un centro de monitoreo dentro del edificio donde funciona el Sistema 911.

El director del 911 dijo que el plan es implementar el uso de las tobilleras electrónicas de forma gradual, comenzando a un ritmo de 20 por mes durante lo que queda del año.

“Queremos comenzar gradualmente sin meter la pata en algo tan sensible”, enfatizó.

Hasta 1.000 tobilleras

Señaló que aún están en “construcción” los protocolos dentro de la Policía para la respuesta a eventuales violaciones de perímetro por parte de los usuarios.

Escobar explicó que la licitación se hará por “contrato abierto”, con un mínimo de 500 tobilleras y un máximo de 1.000.

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“A medida que necesito, el proveedor me va a ir entregando”, ilustró. “Pago solo por las (tobilleras) que tengo activas, no pagamos por 3.000 tobilleras que acabamos no utilizando”, acotó.

En abril, representantes del Ministerio del Interior estimaron que el uso cada tobillera costará alrededor de 300 dólares mensuales (casi 2.300.000 guaraníes al cambio de hoy).

Está previsto que la Policía cobre por ello a los usuarios con la suficiente capacidad económica, mientras que aquellos que se declaren insolventes serán exentos.

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