Para el desarrollo del desalojo del asentamiento Arapoty, ubicado en la compañía Pirapey del distrito itapuense de Edelira, la Dirección Departamental de la Policía Nacional, a cargo del Comisario General Juan Agüero Ríos, desplegó entre 500 y 600 efectivos policiales.
La intervención se realizó para efectivizar el oficio N° 512/24, firmado por el agente fiscal Luis Albertini, que ordena el cese del presunto hecho punible.
El terreno en disputa figura a nombre de un ciudadano belga, propietario de una empresa agrícola de nombre Luc María Vanryckeghem.
Desalojo reiterativo
La propiedad ya había sido desalojada el pasado 5 de junio del 2023, operativo que se había realizado con el despliegue de 400 efectivos policiales. Posteriormente, los ocupantes volvieron a ingresar al terreno.
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El terreno comprende 280 hectáreas, habitadas por casi 200 personas, pertenecientes a entre 80 y 100 familias.
Los intervinientes alegaron que el procedimiento se realizó sin resistencia, debido al descomunal número de policías y efectivos tácticos que llegaron a la zona.
La comitiva procedió a la destrucción de las precarias viviendas y cultivos que se encontraban en el sitio.
Problema social y humano
El abogado de los afectados por el desalojo, Teófilo Figueredo, indicó que las familias quedarán en la intemperie, sin una respuesta que claman hace años a las autoridades locales y nacionales.
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Afirmó que existe un proyecto de expropiación de las tierras, que debe ser tratado y aprobado en la cámara de Senadores.
Tras el operativo las familias quedaron sin resolver la falta de acceso a una vivienda. La comunidad tenía la promesa de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compraría la tierra invadida. Según mencionaron, el ente agrario habría presentado una oferta para adquirir las tierras en disputa, pero el propietario habría negado a venderlas, por un desacuerdo en los precios que solicitaba el empresario belga.