El presidente Santiago Peña promulgó el pasado martes la ley que incluye ampliaciones a la tan promocionada ley de tobilleras electrónicas. Desde el año pasado se vienen dando fechas tentativas de implementación y ahora hay un nuevo plazo: dentro de 60 días deben empezar a ser utilizadas, según detalló el comandante de la Policía, Carlos Benítez.
El mismo respondió a las dudas principales que giran en torno al sistema:
¿Cómo funcionarán las tobilleras electrónicas?
El comandante señaló que ciertos detalles dependen del dispositivo que sea definido a través de la licitación que será iniciada próximamente. Explicó, sin embargo, que el juez deberá delimitar el área geográfica donde el procesado debe permanecer y, en caso de que viole los límites permitidos, automáticamente saltarán las alertas en el Centro de Monitoreo.
Señaló que algunas tobilleras tienen alarmas sonoras que alertan sobre la violación del perímetro. También detalló que en algunos países ya se usan aparatos que van conectados a un dispositivo que tienen las víctimas de violencia, por ejemplo, para que emitan la señal de alarma en caso de que el procesado que tiene la orden de restricción se esté acercando.
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A partir de la alerta, se deberá notificar inmediatamente a la comisaría más cercana para que agentes de la Policía acudan al llamado de manera más rápida, gracias al sistema de GPS.
¿Quiénes harán el control de las tobilleras?
El comandante detalló que se deberá ahora conformar un Centro de Monitoreo que debe estar integrado por representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensa Pública y la Policía Nacional, como brazo ejecutor.
Señaló que tienen 60 días para instalar este centro de control, determinar su ubicación física y el sistema de trabajo.
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¿Cómo se pagará las tobilleras?
Según confirmó, el Ministerio de Economía y Finanzas deber cubrir la compra de los dispositivos, pero los gastos del monitoreo y el mantenimiento del dispositivo irán por cuenta del acusado. Según las últimas estimaciones, deberán pagar alrededor de G. 2.000.000 al mes.
Sin embargo, aclaró que los que se declaren insolventes podrán evitar ese pago.
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¿Cómo harán las personas que no puedan pagar las tobilleras?
El comisario señaló que se incluye en la ley la posibilidad de solicitar la exoneración a través de una declaración jurada de insolvencia, con dos testigos hábiles.
Una vez que el trámite esté aprobado a través de la autoridad competente, los beneficiarios del sistema podrán acceder a la exoneración.