El martes, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional, llevó a cabo una intervención en un establecimiento ubicado en el kilómetro 2 de la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. En el lugar se descubrió la operación de una granja clandestina de criptominería.
Durante el operativo, se confiscaron 833 procesadores de criptoactivos que estaban en funcionamiento al momento de la intervención. Estos equipos de gran tamaño estaban conectados de manera irregular a la red eléctrica, utilizando cuatro transformadores: uno de 1.000 kVA y tres de 2.000 kVA (sin placa), lo que suma una potencia total instalada de 7.000 kVA.
La ANDE presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje.
El fiscal a cargo de la intervención es el agente Ramón Javier Fariña, perteneciente a la Unidad Penal Nº 2 de Saltos del Guairá. Con una orden de allanamiento, Fariña procedió al precintado de todos los accesos al establecimiento y designó un depositario fiscal en el lugar.
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Alrededor de G. 1.922 millones sería el daño patrimonial
Según el análisis realizado por la ANDE, el daño patrimonial mensual se estima en aproximadamente G. 1.922 millones. Esta cifra, sumada a los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberá ser abonada por los responsables.