El juez penal de garantías N° 7 Miguel Palacios admitió la imputación formulada por la fiscala Patricia Sánchez y, en ese sentido, hizo efectivo el pedido de la Fiscalía trasladando a la Cámara de Senadores la solicitud de tratamiento a la pérdida de fueros parlamentarios por el ahora procesado Hernán David Rivas Román, por las altas sospechas sobre la falsedad del contenido de su título de abogado otorgado por la Universidad Sudamericana.
El senador colorado cartista Hernán Rivas fue imputado en horas de la tarde del jueves último por la fiscala Patricia Sánchez. Los hechos atribuidos al mismo son producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Asimismo, solicitó al juzgado la aplicación de medidas cautelares para Rivas.
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Sin embargo, la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores sería la que daría tratamiento al pedido de desafuero para Hernán Rivas y en el caso de que este pierda su inmunidad, recién ahí deberá presentarse ante el juez de garantías para su sometimiento pleno al proceso penal, a modo de llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas.
Según la imputación fiscal, el parlamentario colorado utilizó el título y certificado de estudios auténticos, pero cuestionados en su contenido, para obtener la Matrícula de Abogado, documento público que le fue expedido por la Corte Suprema de Justicia. También había realizado el juramento de rigor.
Utilizó título supuestamente falso para entrar al JEM
El acta de imputación sostiene que no existe ningún documento académico que sustente la veracidad de que el imputado haya cursado la carrera de derecho en la Universidad Sudamericana.
El 6 de julio de 2023, Rivas habría utilizado la Matrícula de Abogado, juntamente con los otros documentos que acreditarían su formación académica, para que sea elegido como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo mismo ocurrió en junio del 2020, cuando Rivas estaba en la Cámara Baja.
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De esa manera, a Rivas se le fue permitido acceder a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar con la aptitud académica que la Constitución Nacional exige a quienes conformarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.