En la sesión ordinaria del Senado de hoy están incluidos los pedidos del Poder Ejecutivo para el ascenso de comisarios. El senador liberal Líder Amarilla cuestionó que se haya excluido a los efectivos policiales que no se sometieron al polígrafo.
El parlamentario aseguró que recibieron denuncias formales y “no corresponde” la exigencia del detector de mentiras, puesto que no está incluido como requisito dentro de la ley.
“Los que quedaron afuera no quisieron someterse porque no corresponde; la gran mayoría no se sometió porque no está contemplado en el procedimiento”, dijo hoy para ABC Cardinal.
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Reforma policial sí incluiría el polígrafo, afirma
Amarilla señaló que es necesaria la implementación del polígrafo, pero acotó que actualmente la ley no incluye ese requisito y, por ende, aún no puede ser exigido su uso. Destacó que en el proyecto de reforma policial se contempla dicha tecnología y que espera que se apruebe, pero que en esta ocasión aún no está previsto su uso legalmente.
Aseguró que todas las carpetas debían ser enviadas y que el comandante de la Policía no tiene la facultad discrecional de modificar la ley mediante la cual se contemplan los requisitos específicos para el ascenso.
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Dijo que desconoce los antecedentes de los policías que cuestionan el uso del polígrafo, pero que las carpetas debían ser enviadas al Senado para su consideración. Finalmente, en ese sentido, criticó que se haya enviado con tan poco tiempo de anticipación la lista para los ascensos. “Al menos de 200 personas ahora hay que ver sus carpetas y envían todo a última hora. No entiendo la informalidad”, criticó.
La mitad de los policías no pasaron el polígrafo
En setiembre pasado, el ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que la mitad de los agentes policiales que pasaron por el detector de mentiras no superaron la prueba.
El uso del polígrafo se implementó para todos los policías que busquen ser promocionados y ocupar cargos dentro de la nueva cúpula.
Sobre las preguntas, había mencionado -por ejemplo- que se les consultó si tenían vínculos con el crimen organizado o si recibieron “beneficios” por actividades al margen de la ley.