La víctima de sicariato resultó ser Víctor Miguel Ramírez Ricardi, de 60 años, quien era un conocido abogado y político colorado del municipio de Eusebio Ayala, también conocido como Barrero Grande.
El crimen ocurrió aproximadamente a las 08:30, cuando un hombre en moto llegó a la casa de Ramírez, situada en la avenida 25 de Noviembre del barrio San Blas de la referida ciudad cordillerana.
El sicario tenía un casco, usaba un chaleco reflectivo y actuó en una moto para dama.
Las cámaras de seguridad de la vivienda afectada grabaron al sospechoso, quien palmoteó frente al domicilio, junto al portón eléctrico.
La empleada doméstica atendió al desconocido desde dentro de la propiedad y este último preguntó si se encontraba el abogado en la casa.
Abogado autorizó el ingreso a su casa
Como el abogado Víctor Ramírez aparentemente estaba esperando a alguien, autorizó a su empleada a que hiciera ingresar al hombre.
La doméstica abrió desde adentro el portón eléctrico con el control y el matón se dirigió a la oficina del abogado.
Cuando este lo recibió, la empleada llegó a escuchar que se saludaron cordialmente.
Momentos después, la trabajadora dijo haber escuchado dos detonaciones consecutivas, pero inicialmente pensó que era el sonido del aire acondicionado, cuando en realidad ya eran los disparos que segaron la vida de su patrón.
El dueño de casa acusó un tiro que le atravesó el brazo, es decir, quiso defenderse, pero cuando cayó al suelo el malviviente le remató con otro disparo en el cuello.
El cuerpo de la víctima permaneció en la oficina por varios minutos, hasta que la empleada regresó hacia el sector y se percató de que lo que había escuchado anteriormente había sido eran balazos.
Candidato
Con 118 votos, el ahora fallecido Víctor Miguel Ramírez Ricardi quedó penúltimo el domingo último en una lista de 20 candidatos a la Junta Departamental de Cordillera por el movimiento Fuerza Republicana, que a su vez postulaba a Arnoldo Wiens como candidato a presidente de la República.
Además, una de sus hijas era candidata a miembro de seccional por la misma agrupación política.
Sin embargo, para la Policía no tendría que ver la actividad política como detonante de este homicidio.
Más bien, los investigadores apuntan a un crimen por encargo relacionado con su rol de abogado, ya que supuestamente justo ayer la víctima debía cobrar unos G. 150 millones en concepto de honorarios por un caso que llevaba adelante, de acuerdo con la información proporcionada por sus allegados.
Policías de Investigaciones y Homicidios manejan algunas pistas concretas.