Son varios los casos en que se llama a oficinas públicas, canales de televisión, colegios y otros sitios, avisando de supuestas bombas que podrían explotar, como el que se dio el día de hoy en el Palacio de Justicia.
Si bien en el momento se activa el protocolo de seguridad, en el que interviene la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), desalojando a todas las personas que se encuentren en el lugar y/o edificio, tras corroborarse si es que el artefacto existió o no, se procede a investigar quien realizó la llamada.
Una vez descartada la amenaza, las autoridades policiales y judiciales inician un proceso para identificar al autor o autora de la llamada, quien se expone a una pena carcelaria de hasta 3 años.
Todas estas llamadas se identifican mediante un sistema de rastreo, se graban y en caso de ser falsas, los antecedentes son remitidos a la justicia.
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Antecedentes de condenas por llamadas falsas de bomba
Ya en el 2013, hubo al menos cuatro procesos abiertos ante este tipo de llamadas, de los que dos llegaron a tener una condena contra los autores.
Antonio Ismael Fernández Prieto fue el primer condenado por coacción grave y amenaza de hecho punible, por haber llamado a la casa del entonces senador Robert Acevedo, diciendo que había una bomba.
Sixto Daniel Ocampos Cabral llamó a la Embajada de los Estados Unidos a decir: “Vamos a hacer volar la Embajada de los Estados Unidos”, recibiendo una condena de 2 años de cárcel.
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Óscar Inocencio Pereira, de 28 años, recolector de basura, llamó el 13 de mayo del 2013 al Sistema 911 a decir que había una bomba en el Poder Judicial.