“No sé si se va a tratar la semana que viene, espero que se trate con tranquilidad y un solo proyecto. Se pueden hacer recortes y se tienen que hacer”, se excusaba el senador colorado, Enrique Bacchetta, mientras abandonaba junto a sus colegas oficialistas la última sesión presencial del Congreso, dejando sin quórum la asamblea que buscaba eliminar urgentemente gastos superfluos, y recortar altos salarios de funcionarios del Estado.
En tanto los integrantes de la Cámara Alta dejaban a la deriva proyectos abocados a reducir los privilegios del sector público, los miembros del Poder Ejecutivo emprendían una cumbre de poderes a fin de analizar ideas para reformar el Estado. Así, en una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que el objetivo de este diálogo era determinar si seguiríamos teniendo un Estado grande en algunos sectores, y chico en otros.
Al parecer, la pandemia del Covid-19 no solo amplificó los gritos de auxilio con los que nuestro precarizado sistema de salud rogaba a gobiernos sucesivos, sino también sacó a relucir un antiguo reclamo ciudadano: optimizar el Estado y achicarlo, pues navega entre inequidades y absurdos privilegios que no condicen con la realidad social del país. No debemos olvidar que el BID ubicó al Paraguay entre los países con peor gasto público de la región, pues un 4% de nuestro PIB se derrocha en excesivas remuneraciones a funcionarios y compras públicas.
En la línea de inequidades, es necesario recordar que un consejero de Itaipú percibe mensualmente G. 82.549.000; según lo que establece el reglamento de la institución, los consejeros de la entidad solo deben reunirse cada dos meses y, extraordinariamente, las veces que sean necesarias. En contraste, el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de Salud y mano derecha del ministro Mazzoleni en gestión para frenar el avance del Covid-19, recibe G. 19.433.570 mensuales, de acuerdo a los datos del portal abierto del Ministerio de Hacienda.
El chofer de Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, percibe mensualmente alrededor de G. 30 millones, entre gratificaciones y beneficios. En el otro lado de la balanza, el pasado marzo la Asociación Paraguaya de Enfermería denunciaba que alrededor de 700 enfermeros no recibían sus salarios desde el mes de enero; además, los trabajadores reclamaron que un porcentaje de sus colegas percibía de entre G. 700.000 y 900.00 en hospitales públicos y unidades de salud familiar.
Las cadenas de la inequidad también someten al sector educativo pues, mientras un docente de Escolar Básica percibe G. 2.600.00 mensuales por turno y, en el nivel secundario, los maestros ganan G. 27.000 por hora cátedra, nuestros legisladores reciben G. 32.774.840 por mes y tienen acceso a otros privilegios como viáticos y gastos de representación.
Si bien el presidente de la República decretó que ningún funcionario público ganará más de G. 37 millones mensuales por los próximos tres meses y que se recortará de entre 10 y 20% del salario a aquellos empleados del Estado que perciban de 5 a 10 sueldos mínimos respectivamente, urgen medidas que reformen el aparato estatal. Al fin y al cabo, de las medidas equitativas que se adopten dependerá la transformación futura de nuestro país, y uno de sus bienes más preciados: la salud.
Por Rebeca Vázquez (19 años)