Astrea, la diosa griega de la justicia, está ciega para impartir castigos sin importar el cargo, la procedencia o, incluso, los billetes que pueda tener en sus bolsillos algún acusado. No obstante, en nuestro país muchos dirigentes políticos se aprovechan de la condición de la divinidad para aplazar con chicanas sus cuentas con la justicia, llamando así al monstruo de la impunidad.
El caso de los "caseros de oro", del diputado cartista Tomás Rivas, constituye un ejemplo de cómo el sistema judicial de nuestro país se mueve tembloroso, a pasos de tortuga. En mayo del 2018, el fiscal Luis Piñánez imputó al parlamentario por los hechos de estafa, cobro indebido de honorarios y documentación falsa, luego de que se comprobó que el legislador hizo figurar a sus tres caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados aunque, en realidad, se desempeñaban como trabajadores en su domicilio particular.
A pesar de que ya transcurrieron dos años de recusaciones a autoridades judiciales, apelaciones e, incluso, reposos médicos, aún no se define si la causa del diputado Tomás Rivas va o no a juicio oral y público. Ahora, en una nueva maniobra para evadir a la justicia, el legislador cambió de abogado, aplazando una vez más una audiencia preliminar. ¿Recibirá el diputado una sanción o su proceso judicial descansará en un cajón para siempre?
Asimismo, el caso de la "niñera de oro" del exsenador Víctor Bogado continúa en la lista de ejemplos semejantes. En el 2013, se imputó al exlegislador por estafa y cobro indebido de honorarios, cuando se constató que hacía figurar a la niñera de su hija, Gabriela Quintana, en la lista de trabajadores de la Cámara Baja y, al mismo tiempo, de la entidad binacional Itaipú.
En el 2019, luego de seis años de solicitudes de cambio de fiscales, recusaciones y dilaciones, el exsenador fue acusado de cobro indebido de honorarios y recibió una condena de un año de cárcel, con suspensión de pena y una fianza de 20 millones de guaraníes mensuales, por dos años.
Otro de los parlamentarios que ya perdió el miedo a la justicia es el diputado Miguel Cuevas. "Si me mandan a la cárcel, no voy a estar por mucho tiempo" expresó el parlamentario en una entrevista a ABC TV. En el 2019, la fiscalía imputó al diputado Cuevas por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y declaración falsa, debido a que el legislador no tiene cómo justificar la fortuna que amasó ocupando cargos públicos.
Si bien el sistema judicial aún debe luchar para derribar un viejo y grueso muro pintado de impunidad e injusticias, algunos rayos de sol ya se filtran en esta pared de ladrillos. Por ejemplo, dirigentes de la talla del exsenador Oscar González Daher y el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ya fueron a parar tras las rejas por delitos como enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Así, entre varios puntos oscuros y pequeños destellos de luz, tal vez, se asoma lentamente la justicia que el pueblo paraguayo merece.
Por Rebeca Vázquez (19 años)