Diversos sindicatos de funcionarios públicos iniciaron una guerra y, como parte de su campaña ofensiva, salieron a las calles a protestar contra el decreto 3264, que reglamenta la Ley del Presupuesto General de la Nación del 2020. A diferencia de otras contiendas, en este conflicto el enemigo no es una poderosa nación en busca de extender sus dominios, sino una disposición legal que pretende racionalizar el gasto público.
Con pancartas, gritos y petardos, formando trincheras frente al Ministerio de Hacienda, los integrantes del gremio de la Ande y de otros 34 sindicatos buscaron preservar abusivos beneficios como ayuda vacacional y alimentaria, doble aguinaldo y muchos otros privilegios. Así, en el marco de la primera batalla, los funcionarios se movilizaron contra el arma principal de su adversario: la disposción del decreto que reduce el pago de estos beneficios hasta un salario mínimo por persona.
Como un reflejo de cualquier otro enfrentamiento, cada guerrero viste un uniforme que le sirve como escudo ante la amenaza de futuros ataques; en esta batalla, los funcionarios de entidades estatales utilizan los llamados contratos colectivos a fin de intentar salvaguardar privilegios adquiridos, en periodos anteriores. El papel de víctima siempre está representado por la ciudadanía que, mientras lucha contra las carencias sociales, debe solventar con sus impuestos los privelegios absurdos.
BENEFICIOS DEL TERROR
Empresas públicas como la Ande, Petropar y la INC lideran el ránking de las entidades estatales más beneficiadas con subsidios y gratificaciones que, en algunos casos, son dignos de un filme de terror. Solo en concepto de subsidio familiar, los funcionarios de estas empresas públicas reciben pagos extras para vacacionar, cubrir gastos médicos, asegurar la alimentación básica y la escolaridad de sus hijos menores; además, reciben subsidios por matrimonio, fallecimiento de un familiar y como complemento de reposo.
Por otro lado, en materia de bonificaciones y gratificaciones, los trabajadores de empresas estatales cobran por grado académico, responsabilidad en el cargo, presentismo, antigüedad, gestión administrativa, leer medidores y muchas otras categorías; asimismo, en la larga lista de beneficios se encuentra el 50% de descuento en el pago de la energía eléctrica que reciben los funcionarios de la Ande. Todos estos privilegios ayudan a los trabajadores de dichas entidades públicas a catapultar sus salarios y colocar abismos de diferencias sociales entre el sector público y el resto de la población económicamente activa.
Siguiendo el hilo de los privilegios, en la Ande, los trabajadores se benefician con tres tipos diferentes de ayuda alimentaria. “Bono compensación para asegurar la alimentación básica del trabajador y su familia” constituye el primer pago extra, dentro de la categoría mencionada, por el que cada trabajador percibe G. 3 millones. A este pago extra, le siguen “la compensación por gastos de alimentación en cumplimiento de horario continuo de trabajo” y la ayuda alimentaria anual.
En el ejercicio presupuestario 2019, más de 71 mil funcionarios públicos recibieron algún tipo de bonificación adicional en su salario; el 86% de esta cifra de trabajadores pertenece al Poder Ejecutivo, según el portal de datos abiertos del Ministerio de Hacienda. De esta forma, el año pasado, el Estado destinó más de US$ 125 millones provenientes de los recursos del Tesoro, para abonar beneficios y remuneraciones adicionales.
EN CONTRA DE LOS RECORTES
Entre desafiantes expresiones y recursos legales, los funcionarios de las empresas estatales defendieron a capa y espada los beneficios laborales que "conquistaron" en el pasado y, ahora, están plasmados en los contratos colectivos. No obstante, estos acuerdos no se salvan de ciertas irregularidades.
De esta manera, en la ley 508/ 94 se establece que, en las negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo, no podrán acogerse a las condiciones fijadas los ministros, secretarios y directores generales, entre otros. Sin embargo, el titular de la Dirección de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, señaló que varios de los problemas de los millonarios beneficios se originan porque los administradores de turno de las entidades actúan como "juez y parte" a la hora de establecerse contratos colectivos.
Asimismo, en medio del conflicto de intereses, los líderes sindicales fueron los mayores opositores a los recortes, llamando a sus colegas a tomar las calles en señal de protesta. No obstante, algunas cabezas de los gremios igualan en sueldo a un ministro del Ejecutivo; por ejemplo, José Pineda Escobar, exsecretario general del sindicato de la Ande, recibió más de 40 millones de guaraníes, entre salario, aguinaldo y bonificaciones.
El RECORTE NO SIGNIFICA AHORRO
Para el economista Luis Rojas, docente de la Universidad Nacional de Asunción y miembro fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, el conjunto de beneficios laborales que reciben los funcionarios de entidades públicas, establecido en los contratos colectivos, representa un porcentaje marginal dentro del presupuesto de gastos de la nación. De esta forma, según explica el especialista, no solo se debe combatir el malgasto público, sino también mejorar la recaudación de impuestos para aumentar la inversión pública.
“La presión tributaria del Paraguay es muy baja; el monto que ingresa al Estado como impuestos apenas representa el 12% del PIB; en consecuencia, los recursos son escasos para invertir en educación, salud y otros sectores”, explica el economista.
“Habría que ver recortes por otros lados, por ejemplo, limitar los subsidios a los partidos políticos o algunos salarios muy altos que no están en los contratos colectivos como el de los parlamentarios y directivos de Itaipú o Yacyreta, pues algunos de estos sueldos sí están fuera de lo razonable”, comenta el especialista.
Por otra parte, el economista manifiesta que la causa de la inequidad social del país no guarda relación precisamente con los beneficios que reciben ciertos sectores de la función pública, sino con el modelo económico agroexportador que concentra la riqueza de nuestra nación y no genera muchos recursos en materia de impuestos. Entonces, el especialista reafirma que el Estado debe recaudar más impuestos para invertir significativamente en las carencias de nuestra sociedad.
INEQUIDAD SOCIAL
Mientras los funcionarios de empresas estatales se resguardan en una lujosa esfera, en el sector privado, no aparece ni la sombra de alguno de los privelegios citados, que se solventan con el dinero de los contribuyentes. En la línea de desigualdades, datos de la Dirección Nacional de Estadística, Encuestas y Censos revelan que el 50% de nuestra población económicamente activa, incluidas las trabajadoras domésticas, no percibe el salario mínimo mensual.
Además, estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares arrojan que, mientras un funcionario del sector privado percibe como salario mínimo mensual G. 2.200.000, un trabajador público gana en promedio alrededor de G. 3.400.000, creando una brecha del 35%.
“La cuestión de fondo es que hay que equiparar el nivel de remuneración y el sistema laboral del trabajador público al del sector privado”, afirmó Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, en una entrevista a ABC Cardinal. Así, sosteniendo que la decisión del gobierno de restringir el pago de los beneficios a un salario mínimo por cada rubro es la correcta, el extitular de Hacienda señaló que es hora de pensar seriamente en una reforma de todo el sistema de remuneraciones del sector público, pensando en el bolsillo de los contribuyentes.
EL ESTADO PROFUNDIZA DESIGUALDADES
Según la socióloga Sintya Valdez, el Estado tiene una función central en la producción, reproducción y profundización de las desigualdades sociales. “Mirando los indicadores de crecimiento económico, nuestro país tiene el mayor índice de desarrollo económico de los últimos años en la región; sin embargo, es la nación de América Latina con mayor inequidad en la distribución de sus ingresos y la presión tributaria más baja”, explica la especialista.
En esta misma línea, la socióloga señala que las brechas que quiebran el contexto social del país siguen ampliándose día tras día, pues no estamos dimensionándolas adecuadamente. “Solo a través de políticas públicas se podrá encarar la inequidad social creciente; por ejemplo, se deberían establecer topes efectivos a los sueldos y otras prestaciones que provee el Estado a sus funcionarios. La diferencia entre el trabajador de la función pública y el del sector privado no debería superar la relación cuatro a uno o, de lo contrario, seguiremos naturalizando la inequidad social”, explica Valdez.
De esta forma, la especialista afirma que es fundamental abordar las desigualdades, atacando sus causas. “Si no comprendemos el origen de la inequidad, seguiremos criminalizando la pobreza. Muchos responsabilizan a los sectores más carenciados de sus propias necesidades; la expresión ‘es pobre porque no quiere trabajar’ es muy común y errónea, pues no todos acceden a los mismos privilegios”, finaliza la socióloga.
Reportaje de Rebeca Vázquez (19 años)