Las consecuencias de corrupción, que fueron sufridas por el edificio Excelsior a lo largo de 10 años, son factores que condenaron a Luis Alberto Riart, exministro de Educación, y dos de sus excolegas. El encargado de velar por la educación, durante el mandato de Fernando Lugo, se vió en embrollos por la compra vía excepción de una construcción ubicada en el centro capitalino, en un precio mayor al de la tasación.
En 2009, la propiedad valuada por de más de G.12.000.000.000 fue comprada por el Ministerio de Educación por más de G.14.000.000.000; la adquisición se había tratado vía excepción, a modo de urgencia. Sin embargo, de manera incoherente, luego del hecho sí se llamó a una licitación para la remodelación de la obra. La investigación constató que la urgencia para la compra del Excelsior no existió.
No solo Riart fue acusado por lesión de confianza en el caso del edificio Excelsior, sino que los funcionarios Luis Fretes, José López Pistilli y Marco Ferreira Basualdo arrastraron las consecuencias del problema. En ese sentido, un camino de chicanas hizo que las audiencias preliminares del caso se pospongan y, 10 años después, en juicio oral, se emitiera la condena de un caso que tardó en dictar justicia; Riart y López Pistilli recibieron condenas de 3 años, Fretes obtuvo una de 2 años y Basualdo quedó absuelto de penas.
La titulación del edificio Excelsior a nombre del ministerio de Educación también fue otro de los factores que esperó una década a resolverse. Aunque los G.14.000.000.000 se habían pagado, ningún registro de transferencia o de titulación del edificio al MEC existió hasta este año, en el cual la Procuradoría General de la República realizó la gestión necesaria de transferencia.
El edicifio, que quedó mucho tiempo ocupado por moradores y luce chapas para restringir el acceso, se encuentra en condiciones deplorables. Además, en 2018, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas hallaron dosis de crack y otros estupefacientes en el lugar.
Una de las opciones que se tuvo en cuenta desde el MEC, luego del citado proceso de transferencia, consistía en que el Excelsior se venda al Ministerio de Urbanismo, para habilitación de viviendas subsidiadas para personas de clase media. Sin embargo, el mandatario del organismo educativo Eduardo Petta declaró que su intención es remodelar la construcción y usarla para ya no alquilar tantas oficinas distribuidas a lo largo del microcentro asunceno, pues estos gastos representan cada año un precio mayor al mismo edificio.
Las consecuencias de sobrefacturación podrán tener un nuevo camino, si la administración del MEC aplica una correcta inversión de los fondos públicos. Así pues, ¿será que veremos un buen resultado de gestión de Petta o tendremos que preparanos para lidiar con nuevos casos de corrupción durante la remodelación del Excelsior?
Por Eliseo Báez (17 años)