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Con las redes sociales, la memoria se torna menos “flaca” y más aún en época de campaña electoral. Entre los recuerdos, por ejemplo ahora reflotan algunas de las “célebres” minutas del concejal Hugo Ramírez (ANR), ahora candidato a diputado por Capital.
El concejal capitalino, varias veces electo presidente de la Junta Municipal de Asunción, “ejercitó” durantes sus varios periodos su capacidad para presentar minutas más mediáticas que sesudas, o realmente trascendentales para el asunceno.
Entre las tantas propuestas que se recuerda, al concejal Ramírez se le ocurrió, por ejemplo, prohibir el uso de cascos a los motociclistas, supuestamente como medida para luchar contra la inseguridad ciudadana. Lastimosamente, la propuesta confrontaba con una problemática grave a nivel país: las muertes y lesionados graves por accidentes en moto.
El concejal, además, es un aficionado al culturismo y parte de esa afición también la plasmó en varias ideas a través de la Comuna. Una de sus propuestas más recordadas al respecto es la que sugería construir gimnasios debajo de los viaductos. Algunos incluso recordaron cuando quiso declarar hijo dilecto de Asunción a un fisicoculturista.
Tal vez el culto al físico, o más bien a la destreza física en la danza en el programa “Bailando por un sueño” de Argentina de la modelo Larisa Riquelme, hizo que también la propusiera como hija dilecta de la Capital.
Aparentemente, el concejal es además bastante asiduo a los “reality show”, o al menos así lo demuestra su solicitud de declarar de interés municipal programas como Yingo o Rojo, el valor del talento, idea que también replicó posteriormente su colega Óscar “Nenecho” Rodríguez con el programa Calle 7.
En varias ocasiones también se mostró bastante “tradicionalista” o incluso conservador. Con una de sus propuestas buscó prohibir la venta de la güija, un tablero al que se le atribuyen “poderes demoníacos”.
En la misma línea conservadora, en una ocasión también quiso prohibir que los medios hablen sobre los gays en “horarios de protección al menor”, sin olvidar cuando demostró su repudio contra el “Besatón”, una conocida actividad de protesta de una organización de derechos de la comunidad LGBT. También intentó reglar dos cosas importantes para los paraguayos, la música y la comida.
Una de sus propuestas fue, por ejemplo, implementar la obligatoriedad para los DJ de pasar polcas y guaranias en las fiestas masivas. Por otra parte, trató de prohibir la presencia de saleros y picantes en las mesas de bares y restaurantes, todo con el afán de “cuidar la salud de los ciudadanos”.
Eso sin olvidar que una vez causó un revuelo por una “fiesta sexual” que estaba siendo organizada, tras lo cual analizó prohibir las “orgías”, pese a que la fiesta finalmente no se hizo.
También se le recuerda haber propuesto prohibir los techos blancos en los taxis, para no “discriminar” a los más antiguos, en un afán de caer bien a gran parte del enjambre amarillo. Finalmente, pregonando la igualdad de género, buscó promover una minuta para que las denuncias de maltrato contra los hombres sean tomadas “con la misma seriedad” que cuando se trata de víctimas mujeres.
A finales del año pasado, Ramírez fue cuestionado por sus propios colegas concejales por ocultar la nómina de funcionarios de la Junta, la cual se estima está abarrotada de planilleros. Evadió a la prensa cuando se le requirió sobre los casos de planilleros que se le atribuyen en la Junta Municipal de Asunción.
También en diciembre del año 2017, concejales de la Municipalidad de Asunción presentaron una denuncia contra personas innominadas por lesión de confianza, ya que se descubrió que existieron maniobras para reparar una camioneta con precios sobrefacturados.
Sobre los contratos que se dieron en forma directa en las facturas, el que otorgó en forma directa los tres contratos fue el titular de la Junta, Hugo Ramírez (Partido Colorado), y el taller beneficiado fue el denominado Taller Pichi.
Según había señalado el concejal Carlos Arregui, al vehículo municipal le habrían colocado repuestos que no necesitaba y que eran más costosos que los que sí requería el móvil. Todo esto se pagó con el dinero de los contribuyentes, por lo que, a decir de los denunciantes, se configuró el hecho de lesión de confianza.