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El agente fiscal de delitos económicos y nnticorrupción, Aldo Cantero, imputó a cinco funcionarios de la Contraloría General de la República por el hecho punible de frustración del ejercicio de la persecución penal. Se encuentran involucrados Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general; Ever Javier Espínola De Vaca, auditor; Lucila Mabel Troche Giménez, jefa de equipo; Marcial Crispulo Corvalán Pérez, auditor y Marta Francisca Vicezar de Samaniego, supervisora y directora de área.
Los imputados elevaron supuestamente un informe favorable en una de las causas que investiga la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, sobre un presunto perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicho daño patrimonial se habría ocasionado durante las administraciones de los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy.
Parte de la imputación refiere que “existe la sospecha que lo consignado en el informe no corresponde con la realidad, ya que se basó en la verificación in situ de un solo comité de los 193 involucrados. En la entrevista realizada a tres integrantes del Comité Nueva Esperanza, de la compañía Quinta Línea del Distrito de Repatriación de la ciudad de Caaguazú, el 27 de junio de 2013, los imputados Espínola, Corvalán y Troche habrían consignado hechos falsos que fueron asentados por ellos en el acta labrada en dicha oportunidad”.
Asimismo, sostiene el documento que “9 de los 26 miembros del Comité Nueva Esperanza manifestaron a la Fiscalía que lo consignado en el acta labrada por la Contraloría es falso. Es decir, lo consignado en el acta no corresponde con la realidad, ya que según los elementos de convicción con que cuenta la Fiscalía y en especial el testimonio de los miembros del comité, es falso que hayan recibido los insumos allí mencionados. Además, se atribuye a los funcionarios de la Contraloría el haber obtenido la firma de los miembros del comité haciéndoles creer que se trataba de una lista de asistencia”.