Representantes de la comunidad Guaraní Yvopeyrendá, asentada en la zona urbana de la ciudad de Filadelfia, emitieron un comunicado reclamando el cumplimiento y aplicación del derecho consuetudinario en la resolución de conflictos internos de la comunidad.

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Los hechos en específico se refieren a una supuesta campaña de persecución en contra de la actual lideresa, Miriam Flores de Pintos.

Los hechos

Según el comunicado, las autoridades judiciales ignoran los protocolos correctos a aplicarse en un problema interno que se originó hace varios meses, en donde un matrimonio residente en la comunidad compuesto por un nativo y su esposa no indígena ni miembro de la comunidad por mutuo acuerdo resolvieron la venta de una casa y la respectiva repartición de monto, pero tras concretarse la transacción la mujer se negó a recibir el dinero y a abandonar la casa.

Tras la negativa, la lideresa Miriam Flores de Pintos como autoridad interna trató de mediar la situación pacíficamente, mediante una conversación con testigos, la cual se desarrolló sin ningún tipo de violencia según alegaron, pero la mujer en cuestión tras la invención de un testimonio de contenido dudoso la acusó de “violencia contra la mujer” sin pruebas.

“La pregunta acá es a quién le protege la ley, las acusaciones no son verídicas y no hay pruebas pero igual se procedió a la imputación”, dijo la lideresa, quien agregó, “el conflicto es orquestado por un sector de la comunidad que desea hacerla renunciar, siendo que aún le faltan tres años para completar su periodo de cinco años. Fue electa democráticamente por la mayoría de la comunidad”.

Otro punto que reclamaron en el comunicado es que este tipo de conflictos menores son mayormente resueltos de forma interna y que existe una mala aplicación de la Ley 5777 de protección integral a las mujeres ya que en este caso la acusada también se trata de una mujer.

“Hasta la fecha no existe ninguna prueba contundente que respalde las acusaciones contra la lideresa (...) es la primera vez en 35 años que accionan en contra de una autoridad legítima” reza parte del comunicado el cual acusa a su vez al Juzgado de Paz y a la Fiscalía de Filadelfia de desestimar los argumentos referentes a las reglas internas de la comunidad, evidenciando el desconocimientos de las normas consuetudinarias para la convivencia interna.

Indi en silencio

Para el caso se reclama la intervención del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a cuyas autoridades la comunidad ya intentó contactar en reiteradas oportunidades, pero que hasta el momento no tuvo retorno.

Fuentes de la Fiscalía de Filadelfia alegaron que cumplieron netamente lo emitido por el juzgado, el cual hasta el momento de cierre de esta nota no dieron retorno a nuestros contactos para la obtención de la contraparte.