La denuncia contra de la jueza de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral de San Juan Nepomuceno, María Monserrat Vera de Errecarte, fue presentada por el abogado Roberto Méndez, en representación de la Municipalidad de Maracaná, departamento de Canindeyú.
Según el escrito, los hechos punibles presuntamente cometidos por la magistrada son: “producción mediata de documentos públicos de contenido falso”, “uso de documentos públicos de contenido falso” y “prevaricato”, todos contemplados por el Código Penal Paraguayo.
Según los datos, la ambulancia de la Municipalidad de Maracaná, una camioneta tipo furgón de la marca Iveco Daily, con matrícula AAHV496, fue secuestrada por orden firmada por la jueza de Paz de San Juan Nepomuceno, María Monserrat Vera de Errecarte, en el marco del proceso ejecutivo caratulado “Compañía Imperial del Paraguay SRL c/Municipalidad de Maracaná s/acción preparatoria de juicio ejecutivo”. El secuestro de la camioneta de emergencia mediante orden judicial de la magistrada María Monserrat Vera ocurrió en marzo del año 2022.
Según los datos, el reclamo de la compañía Imperial Paraguay SRL es por una deuda de G. 20.000.000 más los gastos judiciales de G. 2.000.000, monto ya depositado en setiembre 2022 en una cuenta judicial a nombre del proceso a cargo de Monserrat Vera.
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Sin embargo, la jueza dispuso el remate público de la ambulancia de la Municipalidad de Maracaná y fue adjudicada nuevamente la compañía Imperial Paraguay SRL por el valor de la deuda reclamada. Una costosa ambulancia, cuyo costo real es de G. 600.000.000, fue rematada por G. 22.000.000, indicó el abogado Roberto Méndez.
Según la denuncia, la supuesta diligencia judicial descrita en el protocolo de transferencia de la ambulancia secuestrada no existe en el expediente del proceso judicial individualizado como Compañía Imperial del Paraguay SRL c/Municipalidad de Maracaná s/acción preparatoria de juicio ejecutivo del año 2022.
El escrito señala: “El Art. 250 del Código Penal Paraguayo, expresa: 1° El funcionario facultado para elaborar un documento público que, obrando dentro de los límites de sus atribuciones, certificara falsamente un hecho de relevancia jurídica o lo asentara en libros, registros o archivos de datos públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2° En estos casos será castigada también la tentativa. 3° En casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.”
“La denunciada aprovechándose de su condición de magistrada produjo y uso los documentos cuyos contenidos son falsos para favorecer a la empresa Compañía Imperial del Paraguay S.R.L, inscribiendo de manera irregular el vehículo automotor a nombre del ejecutante ante el Registro Automotor por la supuesta venta en subasta pública, violando normas jurídicas que hacen al debido proceso, por lo tanto, corresponde iniciar la investigación penal para sancionar la conducta dolosa de María Monserrat Vera de Errecarte.
A estos hechos mencionados, se suma producción del documento, cuyos contenidos son falsos, también se puede citar la orden de pago expedida a nombre de terceros para proceder a la extracción de los fondos depositados en la cuenta judicial, abierta a nombre del juicio ejecutivo y a la orden del Juzgado de Paz de San Juan Nepomuceno, sin que ninguno de los antecedentes obren en el expediente judicial.
Adjudica a una venganza
La jueza María Monserrat Vera dijo que la denuncia en su contra es una venganza del abogado Roberto Méndez, a quien denunció en la Corte Suprema, donde pidió la casación de su matrícula profesional por faltarle al respeto, amenaza y otros atropellos donde la misma fue víctima.
Con relación a las denuncias de numerosos docentes que la acusan de estar involucrada en un “robo descomunal” mediante embargo judicial, dijo que ella no le conoce al abogado ni a la denunciante. Añadió que es una conspiración de gente que está buscando perjudicarla. Sin embargo, la magistrada, admitió que la firma en los oficios que ordena el descuento de los docentes le pertenece, pero negó estar detrás del proceso ilegal.
“Yo firmó muchos documentos al día y a veces ya no me acuerdo de todos los expedientes. Están aprovechando mis vacaciones para preparar todo en mi contra”, dijo la magistrada.